Los docentes de Castilla y León tendrán reconocido el rango de autoridad pública, lo que implicará una atención jurídica así como que las agresiones o intimidaciones contra ellos sean considerados delitos graves y se agraven las condenas y que puedan ser perseguidos de oficio por la Fiscalía, según el informe del anteproyecto de ley de autoridad del profesorado, conocido ayer por el Consejo de Gobierno. El texto, que la Junta pretende remitir a las Cortes antes de que finalice el mes de junio, incide en el reconocimiento de la autoridad del profesorado en el plano jurídico, en línea con el compromiso electoral y de gobierno adquirido por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera.
El anteproyecto de ley de autoridad del profesorado se va a caracterizar por su sencillez, ya que pretende reconocer lo esencial del tema -el profesorado, como figura de autoridad y sus consecuencias- dejando otros aspectos relacionados con derechos y deberes del alumnado, régimen y procedimiento disciplinario u otros del ámbito de la convivencia para posteriores regulaciones normativas.
De las principales líneas de la normativa informó el titular de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, quien expresó el deseo de que la ley se acuerde con el mayor consenso por lo que el consejero de Educación, Juan José Mateos, iniciará la próxima semana una ronda con colectivos sectoriales y grupos de las Cortes. Según la Junta, en Castilla y León las agresiones al profesorado tienen escasa relevancia, si bien considera que una consecuencia directa del reconocimiento como autoridad pública del profesorado en el ámbito penal sería que las agresiones o intimidaciones graves al profesorado deben ser calificadas como delitos de atentado a la autoridad (artículo 550 del Código Penal), lo que agravará significativamente las condenas por dichos actos.
PRESUNCIÓN DE VERACIDAD
Otro efecto clave de este reconocimiento, para la Junta, es que el profesorado dispondrá de presunción de veracidad en sus declaraciones frente a la de cualquier ciudadano, en caso de versiones contradictorias en un litigio por agresión. Además, los delitos cometidos contra los docentes, una vez reconocida la condición de autoridad pública, podrán ser perseguidos de oficio por la Fiscalía, lo que eximiría al profesor agredido de ser el agente principal de la denuncia. En todo caso, el profesor gozará del derecho a la representación y defensa en juicio.
Además, la consideración del docente como autoridad pública significa reconocer explícitamente la cobertura de responsabilidad civil en relación con los hechos que se deriven del ejercicio profesional y de las funciones que realicen dentro o fuera de los recintos escolares.
