Las víctimas del tren Alvia que descarriló en la curva de la localidad gallega de Angrois el 24 de julio de 2013, con el resultado de 80 fallecidos, entre ellos el segoviano Curro García Liras, y 144 heridos, han mostrado su indignación al conocer que Adif contrató un bufete de abogados al que pagó 14.900 euros para asesorar a los comparecientes de la empresa pública, dependiente del Ministerio de Fomento, en la comisión de investigación que se celebró en el Congreso de los Diputados, según una investigación de la edición gallega de eldiario.es.
Se trata del bufete en el que trabaja el abogado que defiende a Andrés Cortabitarte, director de Seguridad de Adif, imputado por un juzgado de Santiago de Compostela por decenas de delitos de homicidio imprudente y de lesiones.
El caso está pendiente de la resolución de la Audiencia Provincial de A Coruña a los recursos de distintas partes contra la decisión del juez de cerrar la instrucción con Cortabitarte y el maquinista como únicos imputados.
Javier García Municio, padre de Curro, que este mes de mayo hubiera cumplido 33 años, se ha hecho eco de la noticia y de la indignación que ha causado entre las víctimas y sus familias, así como de un video que ha divulgado la principal plataforma que les agrupa donde acusan a Adif de “adoctrinar” a los comparecientes para mantener su “versión oficial”.
Las víctimas de Angrois, lamentan tener que “soportar la última de las innumerables afrentas” y han denunciado, una vez más, “el trato humillante que estamos recibiendo por parte del Adif, tanto bajo el mandato del PP, como del PSOE, generando, aún si cabe más dolor”, según ha comunicado la asociación que también ha pedido explicaciones al ministro de Fomento, José Luis Ábalos y el cese de la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera.
