El presidente de gobierno español acaba de decir en Extremadura, como respuesta a unas declaraciones sobre la situación política española actual de Don Luis Argüello, Arzobispo de Valladolid: «El tiempo en que los obispos interferían en política acabó cuando llegó la democracia» Y «efectivamente el presidente debe respetar el resultado electoral aunque no te guste». Don Luis Arguello ha dicho simplemente lo que opinamos muchos ciudadanos: «hoy, dice, que España tiene tres opciones: moción de censura, moción de confianza o adelanto electoral».
Esto plantea algunos interrogantes ¿pueden los cristianos católicos, incluidos los obispos, opinar sobre política? o ¿a los ciudadanos católicos se les debe impedir participar en la vida política? ¿Pueden los cristianos hacer política? ¿cómo actuó la jerarquía durante la época franquista?
Ante la respuesta generalizada de Sánchez a los obispos españoles he recordado aquella época (viví intensamente la transición como estudiante universitario al final de los años sesenta y como sacerdote hasta la instauración de la democracia) en que Franco metía en la cárcel de Zamora a los curas que no estaban de acuerdo con su política, la amenaza del Cardenal Tarancón de excomunión a Franco por el intento de expulsión de España del obispo de Cádiz, las criticas del Arzobispo de Milán, después el Papa PabloVI, a Franco por las sentencias de la pena de muerte a varios españoles.
Ofrezco algunos datos históricos de la postura de la Iglesia española frente a la dictadura franquista anteriores y posteriores a 1958, fecha de las revueltas estudiantiles universitarias. No es cierta la imagen que el vecino de la Moncloa tiene de la jerarquía católica de aquella época en la que existieron muchas tensiones entre la Iglesia y el estado franquista:
Lo primero hay que decir que las discrepancias que en algunos momentos, antes de 1958, hubo entre la Iglesia y las autoridades, nunca llevaron la sangre al río, y que, sobre todo, fueron tanto con el Gobierno como con Falange.
Uno de los más significativos fue el cardenal Pedro Segura, del que alguno llegó a decir que era más franquista que Franco. Segura estaba enfadado porque no se le repuso, tras la guerra, en la sede de Toledo. Este enfado provocó que el cardenal fuera el protagonizara de algunos desplantes al propio Franco. Tras uno de estos Franco dijo sobre él: «Como católicos que somos, debemos tomarlo como una cruz… y como no somos republicanos no vamos a expulsarle como ellos hicieron… hay que tratar el asunto con generosidad y silencio».
A pesar de estas palabras en octubre de 1954, el embajador en el Vaticano, Castiella, solicitó oficialmente al cardenal Montini su destitución. El Vaticano lo único que hizo fue nombrar un arzobispo coadjutor, José María Bueno Monreal, para que intentara controlar las acciones de Segura; algo que resultó ser imposible, Segura continuó actuando de la misma manera hasta su muerte en Sevilla en 1957.
Algunos cardenales también esporádicamente llevaron a cabo acciones o dijeron cosas que no fueron del gusto del Gobierno. El arzobispo de Valencia, Marcelino Olaechea, proclamaba pastorales que no eran muy del gusto de Franco, de él dijo el Jefe del Estado:»algunos prelados tratan de congraciarse con el pueblo atacando al gobierno y diciendo que los jornales son bajos». Una pastoral que le sentó muy mal al ministro José Antonio Girón fue la del obispo de Canarias, Antonio Pildain, titulada El sindicalismo español y la doctrina de Cristo, publicada en diciembre de 1954; en esta pastoral acusaba a los sindicatos franquistas de no ser católicos.
Cuando las críticas de algún eclesiástico se «pasaban de la raya», el Régimen no dudaba en lanzarse contra él con toda la artillería. Fue el caso del obispo de Calahorra, Fidel García Martínez, al que, en agosto de 1952, se acusó de ser un cliente asiduo de los prostíbulos barceloneses. Al parecer esta falsa acusación salió de las filas del propio Gobierno, con el fin de desprestigiarlo. El pecado del obispo fue que criticó al nazismo y a los totalitarismos en general. No se ha de olvidar la postura antifranquista del arzobispo de Barcelona Vidal Y Barraquer.
Otros pequeños rifirrafes fueron: el que se produjo entre el Vaticano y el Gobierno, cuando en diciembre de 1955 el ministro Arias Salgado censuró el mensaje navideño de Pío XII por contener ciertas alusiones a la justicia social. También tuvo repercusión el mantenido entre el gobernador civil de Barcelona, Felipe Acedo y el abad de Montserrat, Aureli María Escarré al negarse éste a eliminar el catalán en el culto religioso.
Pero sin duda los máximos enfrentamientos de la jerarquía eclesiástica fueron con la Falange. En el fondo estaba la pugna que ambas entidades mantenían por el control de la enseñanza y de la acción sindical. Por poner un ejemplo de esta pugna Iglesia-Falange se produjo cuando Falange impuso colocar cruces con el nombre de los caídos en las fachadas de las iglesias (recuérdenlo bien los propulsores de la memoria histórica en asuntos religiosos). Esta actuación provocó un fuerte choque entre, otra vez, el cardenal Segura y los falangistas. En esta ocasión hubo hasta enfrentamientos físicos, cuando unos sacerdotes que estaban limpiando los nombres de los caídos que los falangistas habían escrito en la fachada del palacio arzobispal sevillano, fueron agredidos físicamente por un grupo de falangistas.
Durante todo el período, hasta 1958, hubo algunas posturas, bien definidas, de miembros de la jerarquía católica que se postularon de forma clara contra del Régimen además de las posturas de muchos sacerdotes que cuando la guardia civil recluía a un disidente en el calabozo, inmediatamente acudía para su liberación.
Una de las primeras posturas antifranquistas a partir de la revolución estudiantil de 1958 encabezadas por multitud de católicos pertenecientes a movimientos apostólicos (JOC, HOAC, Acción católica, etc)l, ocurrió el 14 de noviembre de 1963, cuando el abad del monasterio de Montserrat, Aureli María Escarré, hizo unas declaraciones denunciando a nivel internacional la represión franquista: «El régimen español se dice cristiano, pero no obedece los principios básicos del cristianismo». Esta declaración se la hizo al periodista de Le Monde, José Antonio Novais. Estas declaraciones le costaron que fuera expulsado de España.
Desde ese momento, Franco crea la cárcel de Zamora para curas, controla las homilías de los sacerdotes, reduce el estatus de los profesores de religión en los colegios e institutos. O viola el derecho de asilo de los templos y de la Universidad Pontificia de Salamanca durante el proceso de Burgos.
Años antes, en 1955, el sacerdote jesuita, José María Llanos, se traslada a vivir al Pozo del Tío Raimundo, un barrio chabolista madrileño. Durante su estancia en este barrio comenzó una evolución ideológica que le llevó a ingresar en el PCE.
Por situar hechos similares en la provincia y diócesis de Segovia, el padre-sacerdote segoviano Paco García Salve fue encarcelado en la cárcel de Zamora por sus críticas al régimen; la actividad pastoral del obispo Palenzuela fue controlada por orden del Gobernador civil como respuesta a unas declaraciones críticas del gobierno franquista durante su estancia en el hospital provocado por un accidente extraño de circulación, numerosos sacerdotes fuimos controlados por la policía reunidos en un convento de las Navillas de Riofrío con la presencia del sacerdote jesuita Diez Alegría.
Estos y otros muchos hechos prueban que la afirmación del vecino de la Moncloa no se ajusta a la verdad. Habrá tiempo para probar el derecho y deber que tiene la jerarquía católica de participar en la vida pública siguiendo la regulación establecida en los estatutos (Código) de la Iglesia católica reconocidos por la Constitución española y por la ley internacional de libertad religiosa.
