La Junta de Castilla y León ha dejado sin efecto las 39.600 denuncias efectuadas durante el segundo estado de alarma declarado por el Gobierno frente al covid por incumplir las medidas restrictivas implantadas de horarios, movilidad y aforos y devuelve a los ciudadanos las multas pagadas, tras su declaración de inconstitucionalidad por parte del TC. Unos expedientes que, de haberse cobrado, hubieran ascendido a un importe de 11,88 millones de euros.
En este sentido, se ven afectadas las actas por incumplimientos de los horarios de los toques de queda (26.110) y las limitaciones de la entrada y salida de las comunidades autónomas (10.540) y de permanencia de grupos de personas en espacios públicos (2.948) y por aforo en lugare de culto (dos). Los expedientes administrativos afectados son todos los que aplicaron el régimen sancionador a la vulneración de las anteriores medidas entre el 25 de octubre de 2020 y el 9 de mayo de 2021, con independencia del momento en el que actualmente se encuentren -denuncia, en tramitación del procedimiento, resolución sancionadora definitiva o firme, abono de la sanción en periodo voluntario o forzoso, o devolución del importe de la sanción ya pagada-.
El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta en funciones, Carlos Fernández Carriedo, señaló ayer que no todos las sanciones se habían abonado, solo algunas -las de menor cuantía- se pagaron mientras que el resto estaba en procedimiento de recurso y otras en la fase ejecutiva. “Las que se hayan cobrado, que se tienen que cuantificar, se devolverán esas cantidades y el resto quedará sin efecto el procedimiento”.
Los Servicios Jurídicos de la Junta admitieron un informe facultativo a solicitud de la Consejería de Economía y Hacienda, en el que se planteaba las consecuencias sobre el régimen sancionador aplicado por el dictado de la sentencia de 27 de octubre de 2021 del Tribunal Constitucional, que declaró la inconstitucionalidad parcial del Real Decreto estatal de 25 de octubre de 2020 por el que se declaró el estado de alarma y su prórroga por el Real Decreto de 3 de noviembre de 2020.
El informe de los Servicios Jurídicos deja claro que en ningún caso las denuncias, procedimientos sancionadores y sanciones por incumplimiento de medidas de otra naturaleza acordadas por la Junta para la lucha contra la Covid-19, en virtud de la legislación sanitaria, se ven afectadas por lo analizado en el informe y, por lo tanto, siguen siendo plenamente eficaces, y deben seguir tramitándose con plenos efectos bajo la responsabilidad directa de los órganos administrativos y autoridades competentes.
