El secretario general del Partido Popular (PP) en Castilla y León y presidente de honor de la formación en Segovia, Francisco Vázquez, ha confirmado que la apertura de juicio oral contra el expresidente de Caja Segovia, Atilano Soto, significa su suspensión de militancia, en aplicación de los estatutos del partido.
Después del auto que decreta la apertura de juicio oral en el caso de las retribuciones millonarias para altos directivos de la última época de la entidad de ahorro segoviana, la afiliación de Soto en el PP quedaría suspendida.
Vázquez ha mostrado su respeto por las decisiones judiciales, en consonancia con el comunicado emitido por el PP segoviano. En cualquier caso, ha puntualizado que la aprobación de prejubilaciones para directivos no es un asunto exclusivo de Segovia, sino que ha ocurrido en otras cajas de ahorro.
En ese sentido, el número dos de los populares de Castilla y León ha remarcado que en el juicio «se verá si está bien hecho o no», aunque ha criticado a quienes, con este proceso, «quieren colgarse medallas que no les corresponden».
Asimismo, Vázquez ha recordado que la suspensión de militancia previstas en los estatutos del PP provocan una situación análoga a la que atraviesa el exvicepresidente de Caja Segovia, Manuel Agudíez, respecto del PSOE.
En el caso del político socialista, Agudíez remitió un correo electrónico a la sede del partido horas después de conocerse la decisión de abrir juicio oral solicitando su baja voluntaria, decisión que ya conocen los órganos de gestión del PSOE en la capital, quienes ya han tramitado esta solicitud.
En declaraciones a Radio Segovia, el secretario provincial del PSOE José Luis Aceves aseguró que la decisión de Agudíez no ha afectado al partido, ya que no ocupaba ningún cargo en la ejecutiva y figuraba como militante de base, y precisó que una vez celebrado el juicio, si la sentencia fuera condenatoria el partido tomaría otras medidas.
Aceves aseguró que es el momento de «dejar trabajar a la justicia», y aunque reconoció que el proceso ha tenido un desarrollo complicado; subrayó su respeto por el trabajo de los jueces.Adenás puso de manifiesto que Agudíez es el único representante socialista encausado y «no se le acusa de haberse llevado fondos, sino de tomar una decisión en el comité de retribuciones, y quienes tienen que devolver el dinero son los que se han llevado las indemnizaciones».
El auto dictado por el juzgado de instrucción número 2 señala la obligación de depositar fianzas por valor de 52 millones de euros a los once encausados por este proceso en un plazo que culminará el próximo viernes 26, y que supondrá el embargo de los bienes de los encausados en el caso de que no hagan efectivo el importe o consigan los avales necesarios a tal fin.
