Más leña al fuego
Por ‘Ecologistas en Acción Segovia’
Desde hace un par de décadas —y sobre todo en los últimos años— estamos asistiendo al declive de las explotaciones ganaderas familiares en favor de las grandes empresas. Nuestro territorio se ha convertido en un filón para el sector dada la situación del mercado (aumento de la demanda mundial, con China a la cabeza): crece la inversión de capital seguro, mientras el paisano al que contratan como autónomo para criar ganado asume todos los riesgos. Aparte del despropósito de esas relaciones laborales, lo que queda es un envenenamiento progresivo de terrenos, acuíferos y aire.
La situación del sector ha alcanzado un punto de dramatismo que hasta Europa intenta poner orden para mantener un poco de cordura. Nos estamos refiriendo al tema de los famosos purines, los desechos de los miles de animales enjaulados, cebados y medicamentados… Porque sino, ¿dígame usted como pasa un lechón de 20 kilos a 100 en menos de cuatro meses?
La Comisión Europea ya nos ha recriminado por unos elevados índices de contaminación de las aguas por nitratos, consecuencia de actividades agropecuarias. En concreto, en Segovia podemos hablar de una situación límite de los acuíferos que ocupan la mitad del subsuelo provincial. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el agua de consumo dicen que la concentración de nitratos no debe rebasar los 25 miligramos por litro (mg/L) para asegurar la salubridad del agua. En nuestro país se considera aceptable hasta 50 mg/L. El tema no es baladí. Hay una relación directa entre la ingesta de nitratos y enfermedades digestivas, como el cáncer de colón.
Esos 50 mg/L de nitratos es el límite establecido para considerar zonas vulnerables aquellas que lo rebasan o se acercan peligrosamente a este punto, donde en ningún caso se puede incrementar la aportación de dichos nitratos. En el mapa se aprecia nuestra situación: ¿a quién se le ocurriría seguir echando leña al fuego con los desechos de las macrogranjas?
El tema es serio y como vemos lo está gestionando gente a la que parece preocuparle bien poco la salud del territorio.
Queremos un futuro limpio en nuestra tierra
Por ‘Plataforma Futuro Limpio Campiña Segoviana’ (*)
Nuestra Plataforma surge cuando los vecinos de Bernardos nos enteramos del nuevo proyecto de macrogranja en nuestro pueblo. A partir de ahí empezamos a investigar los inconvenientes que podría acarrear, más allá de los evidentes, como el mal olor y el tránsito de camiones pesados. Así conocimos los informes de la Junta de Castilla y León sobre zonas vulnerables por aguas contaminadas o en riesgo de estarlo causado por nitratos de origen agropecuario.
El número de zonas vulnerables en Castilla y León ha escalado de 10 a 24 en los últimos 11 años, mientras que los municipios afectados han pasado de 67 a 387. Son cerca de 14.500 km². Bernardos ya estuvo propuesto en 2016 para engrosar la lista de zonas vulnerables. Una macrogranja no haría sino agravar dramáticamente este problema que ya padecemos.
Con estos datos, en abril del 2021 empezamos a informar a los vecinos del pueblo sobre los gravísimos perjuicios medioambientales y de salud que conllevaría la instalación de una macrogranja. Pronto comenzaron a unirse otros pueblos cercanos donde también están previstos este tipo de explotaciones y, entre todos, constituimos la plataforma Futuro Limpio Campiña Segoviana.
Segovia, la provincia más pequeña de Castilla y León con una población de apenas 153.000 habitantes, tiene la cabaña porcina más importante de CyL, con cerca de 1,3 millones de cabezas de ganado. Tocamos a más de ocho cerdos por habitante. Actualmente hay previstos 48 nuevos proyectos o ampliación de los existentes en la provincia.
El siguiente paso fue solicitar un encuentro con Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de CyL. Éste nos derivó a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, a cuyos representantes trasladamos nuestra preocupación el pasado octubre. También solicitamos, entre otras medidas, una moratoria al menos hasta que remita la grave situación medioambiental que figura en los informes de zonas vulnerables. Aún estamos esperando respuesta por su parte.
Tenemos la convicción de que debido a la contaminación del agua y del aire, además de los malos olores, perderemos el turismo de las casas rurales; no se construirán viviendas de segunda residencia ni se rehabilitarán las viejas; los profesionales que viven de la construcción y oficios afines se quedarán sin trabajo; las tiendas y pequeñas industrias perderán sus clientes habituales… En resumen, nuestros pueblos se quedarán desiertos definitivamente. Los habitantes de la campiña segoviana no nos resignamos, queremos seguir viviendo en un entorno limpio y saludable, y ofrecérselo a las personas que nos visitan. En definitiva, queremos tener futuro.
(*) (@campinasegoviana) – Miembro de la Coordinadora Regional Stop Ganadería Industrial.
Una serie de catastróficas ilegalidades (y legalidades)
Por ‘Plataforma Nordeste de Segovia Limpio’ (*)
A finales de 2020, al relajarse el confinamiento por la Covid, descubrimos que alguien se había dado mucha prisa en iniciar las obras de lo que todo parecía indicar iba a ser una macrogranja en nuestra comarca. Una consulta al BOCyL confirmó nuestros temores: la Declaración de Impacto Ambiental para una explotación de 2.400 cerdos en Sequera de Fresno estaba aprobada, aunque los habitantes de los pueblos colindantes (Fresno de Cantespino y Riaza) no habíamos sido informados a pesar de ser afectados directos.
Nos pusimos a trabajar y descubrimos que la balsa para purines se había construido para una capacidad de más del doble de lo permitido por Medio Ambiente; que las obras se habían iniciado sin contar con la aprobación de uso excepcional de suelo rústico ni con la licencia urbanística del Ayuntamiento; que se iban a producir más de 5 millones de litros de purines al año que se pretendían verter en su inmensa mayoría en terrenos de nuestros pueblos; que, además, gracias a la normativa autonómica que a los habitantes rurales nos desprotege, estos vertidos podían, dentro de la legalidad, llegar a 200 metros de nuestras casas; que todo (cerdos pequeños y piensos) se iba a traer de fuera y que, una vez cebados, los marranos se llevarían también fuera, sin transformación alguna en nuestra comarca, sin dejar ningún valor añadido que contribuya a nuestro desarrollo rural; que todo el impacto ambiental (malos olores y contaminación por nitratos y antibióticos del agua que bebemos), social y económico (estas instalaciones perjudican enormemente a las granjas familiares, pues compiten con ellas en la búsqueda de terrenos para echar sus residuos) iba a tener la compensación de 1 o 2 puestos de trabajo (estimado a partir de otras macrogranjas que el mismo empresario posee y que, como hemos podido corroborar estos días en los medios, es lo habitual); que los 2.400 cerdos iban a consumir más de 12 millones de litros de agua al año, y que, para más inri, para dar de beber a esos animales el empresario solicitaba un sondeo para ¡tachán! 4.800 cabezas, sondeo que desde Confederación Hidrográfica del Duero había sido concedido, pese a no estar justificada su necesidad.
Corrimos la voz y en sólo una semana nos organizamos y lanzamos una campaña a través de change.org que en pocos días consiguió más de 7.000 firmas. Eso nos dio mucha visibilidad, y otras asociaciones nos contactaron para intercambiar información, ideas y estrategias. Esta red de apoyo mutuo se ha consolidado con el paso de los meses: nos hemos integrado en la coordinadora regional Stop Ganadería Industrial, formada por más de 20 plataformas vecinales. Ahora estamos peleando para que la Junta de Castilla y León lleve a término una moratoria que evite la instalación de nuevas macrogranjas que hipotequen el presente y futuro de nuestros pueblos y familias.
Afortunadamente, Fresno de Cantespino y Riaza —los términos municipales donde se iban a realizar la mayoría de estos vertidos de purines— cuentan con ordenanzas que impiden los vertidos de explotaciones ajenas. El objetivo es proteger a sus vecinos. Esta sencilla norma, de la que otros ayuntamientos de nuestra comarca están tomando ejemplo y ya se han puesto a desarrollar, obliga al promotor a buscar alternativas para los purines. El empresario asegura ahora que cada año se llevará los 5 millones de litros de purines a más de 50 kilómetros de la explotación. También a raíz de nuestras reclamaciones, Medio Ambiente ha pedido que restituya la balsa a la mitad (lo que tenía legalmente autorizado). Ahora nos falta saber qué pasa con el agua y si finalmente se concederán el uso excepcional y la licencia urbanística o se impondrá el sentido común.
(*) (@Nordeste-de-Segovia-Limpio) – Miembro de la Coordinadora Regional Stop Ganadería Industrial.
