Las defensas de algunos ex altos cargos de la Junta de Andalucía en el caso de los ERE han solicitado a la sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla la suspensión de las sesiones del juicio oral hasta que no cuenten en su poder con las nuevas pruebas documentales admitidas por el tribunal a petición de las acusaciones ejercidas por el Ministerio Fiscal y el PP-A.
En concreto, las defensas de la exconsejera de Hacienda y Administración Pública Carmen Martínez Aguayo, del ex director general de IDEA Jacinto Cañete, del ex interventor general de la Junta Manuel Gómez y del ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa han presentado sus escritos ante la Sección Primera, después de que, en auto de 22 de enero de 2018, ésta estimase pertinente las nuevas pruebas propuestas por el PP-A (a excepción de la testifical de la presidenta de la Junta, Susana Díaz), y por el Ministerio Fiscal.
Así, en el escrito presentado por Juan Carlos Alférez, abogado de Jacinto Cañete, se formula “respetuosa protesta y salvaguarda de derechos”, al considerar que la admisión de la prueba instada “extemporáneamente” por las acusaciones, “vulnera los principios de igualdad de armas, contradicción, derecho de defensa del artículo 24 de la Constitución Española (CE), así como el principio de seguridad jurídica consagrado en el artículo 9 de CE”.
Dicho lo anterior, al abogado defensor solicita en su escrito, que no se reanuden las sesiones del juicio oral hasta que no se disponga de la “completa y profusa” prueba documental que se les admitió a las acusaciones (libramientos de oficios a la Dirección General de Empleo para emisión de informes, Consejo Consultivo de Andalucía, Junta de Andalucía para aportación de expedientes, etc.).
Además, pide que “se nos confiera y transcurra un prudencial pero suficiente plazo para el análisis de dicha documentación y utilizar, en su caso, el derecho a proponer prueba dentro de dicho término”. A su juicio, la anterior petición “debe ser acogida, pues hasta no conocer el contenido de la nueva documental admitida (aún no incorporada al proceso y cuyo contenido es desconocido) las defensas no podrán aún siquiera evaluar la concreta necesidad de articular medios de prueba en su descargo”.
Añade en este sentido que, “dado que está prevista la reanudación para el próximo día 12 de febrero, nuestros defendidos no podrían preparar con plenitud de armas la prueba de interrogatorio de acusados, si la citada prueba documental se introdujere en el proceso en momento posterior a dicho día o, si se alterare el orden comenzando por los testigos (cuestión previa solicitada por la defensa de Martínez Aguayo).
