Las cuidadoras y los cuidadores familiares, madres en un 98 por ciento, pidieron ayer más recursos y ser consideradas principales en la nueva Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyo anteproyecto fue presentado por el Ministerio de Asuntos Sociales y en el que, según la Plataforma Estatal Cuidadora Principal, no se ha escuchado a las madres y padres de aquellos menores que nacen con discapacidades severas y requieren de cuidados durante toda la vida.
Bajo el lema ‘Un cuidador, dos vidas’, y reclamando que “no hay perfil profesional que nos pueda sustituir”, un centenar de personas se manifestaron frente a la Delegación del Gobierno bajo el paraguas de la Plataforma Estatal Cuidadora Principal y de la Asociación Ayuda a la Dependencia y Enfermedades Raras de Castilla y León, cuya presidenta, Yolanda de la Viuda, reclamó un “reconocimiento digno” para las madres y padres que llevan “toda la vida” cuidando de sus hijos e hijas con discapacidad “sin derecho a remuneración, a caer enfermas, a tener tiempo para nosotras, a una vejez digna o a un apoyo en caso de pérdida del ser querido”.
La principal reclamación, más allá de los necesarios recursos para cuidar de estas personas, es que “los cuidados en el entorno familiar sean el pilar principal de la persona dependiente” cuando esta última sea menor y haya nacido con una discapacidad que obligue a uno de sus progenitores a ser, de facto, su cuidador principal, por ser “insustituible y trabajar 24 horas a la semana durante 365 días al año”.
“Es de justicia social que se vean los cuidados en el entorno familiar como un derecho por el que se tiene que proteger a los cuidadores y a la persona dependiente en las diferentes etapas de su vida, dando recursos y apoyo” que desde la Plataforma reclaman al Gobierno de España y a los gobiernos autonómicos para que “se reconozca esa labor como cuidadoras profesionales, con una remuneración y un subsidio por desempleo” en caso de perder al hijo o la hija con discapacidad. Se trataría, según Yolanda de la Viuda, de “un primer avance” para que tanto los menores con discapacidades severas como sus progenitores puedan tener “una vida digna”.
