Las Cortes aprobaron hoy una proposición no de ley del Grupo Popular, con el apoyo de toda la oposición excepto del PSOE y Unidas Podemos, para defender la “sagrada” independencia de la justicia frente al intento de “control” del Gobierno de Pedro Sánchez. De esta forma, la cámara instó al Ejecutivo central a que retire las reformas del ministro Félix Bolaños, cese el “acoso” a los jueces y colabore con las investigaciones judiciales para atajar los casos de corrupción.
En la presentación de la proposición no de ley, el portavoz del Grupo Popular, Ricardo Gavilanes, aseguró que están “siempre” con los jueces y fiscales y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. “Exigimos respeto, colaboración y la retirada de reformas que buscan controlar lo que no pueden dominar”, dijo el proponente quien citó a Alberto Núñez Feijóo para recordar que cuando uno gobierna no tiene que tener “miedo” a los jueces salvo que tenga que “algo que esconder”.
En su opinión, existe una “operación meticulosa y planificada” para atacar a los fiscales y jueces y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que se han atrevido a investigar el entorno del presidente -del Gobierno- y que han sacado a la luz contratos y “redes clientelares”. “La libertad de los jueces les aterra”, le espetó Ricardo Gavilanes a los socialistas; y además les recordó que la independencia de la justicia es “innegociable”, para advertirles de que las Cortes no pueden mirar “hacia otro lado”, porque si se “derrumba la justicia, se derrumba la democracia”.
Gómez Urbán critica al juez Peinado
“Menos jueces Peinado y más jueces y fiscales formados”, le respondió la portavoz socialista Patricia Gómez Urbán, quien defendió la denominada ‘ley Bolaños’, contra la que matizó no se han movilizado todas las asociaciones de la justicia. Además, defendió que las reformas buscan universalizar el acceso a la judicatura, como aseguró se ha hecho con la sanidad y la educación, a través de un sistema de becas. También rechazó lecciones del PP sobre corrupción porque aseguró “saben, y mucho” de ello.
El viceportavoz de Vox, Carlos Menéndez, expresó todo su apoyo a los jueces y fiscales frente a la “mafia socialista” y la “sed de control político” del Gobierno y su “capo” e insistió que la única salida es la moción de censura. “Sánchez es un corrupto, un indecente y un traidor”, sentenció, y acusó al PP de salir al “rescate” del PSOE, porque no son su “alternativa”, sino la “alternancia” y una “estafa”.
La procuradora de Soria YA Vanessa García Macarrón alzó la voz en defensa de jueces y fiscales y aseguró que “lo último” que puede hacer el Gobierno es desprestigiar su trabajo. A su juicio, no se puede aceptar que se hable de “guerra judicial” y consideró que existe una “deriva” que debilita la independencia judicial a través de las reformas del ministro Bolaños”.
En nombre de Unidas Podemos, Pablo Fernández aseguró que los dirigentes del PP tienen el “rostro de titanio” por su “hipocresía” cuando hablan de la separación de poderes. “¿Pero esto es una broma de mal gusto?”, dijo porque a día de hoy la “verdadera oposición” al Gobierno la lideran los jueces, a los que denominó como “fachas con toga, ultra fascistas, muy afines al PP”.
Finalmente, el procurador Francisco Igea abogó por dejar de “interferir por la puerta de atrás” en la justicia y pidió eliminar la mención a la corrupción porque pareciera que al PP sólo le interesa la del “torrente Ábalos”, no la del resto. Además, rechazó el control que propone la “reforma Bolaños”.
Aprobada la ley de Publicidad Institucional
Las Cortes aprobaron, con los votos a favor de PSOE, Vox, Podemos y Francisco Igea, la nueva ley de Publicidad Institucional, mientras que el Grupo Popular votó en contra de una norma que considera que “vulnera la libertad de expresión”.
El popular Raúl Hernández enmarcó la norma en el consenso marcado por Pedro Sánchez en sus cinco días de reflexión de “silenciar a los medios” que apuntaban a una presunta corrupción por parte de su mujer, defendió que el PP estuvo abierto al consenso pero se rechazó ampliar el plazo de enmiendas y concluyó que sale “un bodrio y una chapuza legislativa” porque la norma afecta a todas las instituciones, no solo a la Junta. “Asuman las consecuencias de su chapuza”, rebatió el procurador popular, que insistió en que la ley no regula la publicidad institucional, sino que entra en la información que difunden los medios.
