El pleno de las Cortes de Castilla y León aprobó este miércoles una proposición no de ley en la que se piden medidas efectivas que alivien las cargas fiscales de los agricultores y ganaderos, y se fomente la viabilidad del sector primario de la Comunidad, “abrasado a impuestos”, según la proponente del Grupo Popular, Lorena de la Fuente.
La propuesta, que pide también al Congreso “no vetar” la proposición de ley de fiscalidad agraria del PP tomada en consideración en el Senado, contó con el voto a favor de Vox, Por Ávila y los dos procuradores no adscritos, y con el voto en contra del PSOE y la abstención de Pablo Fernández y Francisco Igea.
La popular Lorena de la Fuente, que ensalzó el peso estratégico del sector agrícola y ganadero en Castilla y León, manifestó que esa riqueza se enfrenta a una serie de exigencias que no se compensan con los precios pero que sí inciden en los gastos. A todo ello unió una presión fiscal que ha supuesto la pérdida de 118.000 empleos en España.
De la Fuente destacó la proposición de ley presentada por el Grupo Popular en el Senado con medidas que supondrían un ahorro de 700 millones, norma vetada en el Congreso tras su toma en consideración en la Cámara Alta.
Los impuestos impactan de forma “muy negativa” en este sector y es consecuencia directa de las actuaciones y medidas adoptadas por el Gobierno de España, que ha incrementado la presión fiscal al sector en un 1,8 puntos desde 2018, recoge la PNL del PP.
“Es un ejercicio de cinismo político por parte del Partido Popular”, manifestó Virginia Jiménez (PSOE), que relató las reducciones fiscales aplicadas por el Gobierno en el IRPF, votada en contra por los populares, las ayudas de 28 millones a Castilla y León para desarrollo rural dentro de la PAC y los 189 millones en regadíos.
Jiménez afirmó que es una propuesta cuyo objetivo es ser “un arma política” en contra del Gobierno pero lamentó que no se pongan sobre la mesa medidas específicas de apoyo al sector.
Ley LGTBI+
Las Cortes acordaron la toma en consideración de la proposición de ley de igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+ en Castilla y León, presentada por el Grupo Socialista, que contó con el voto a favor del resto de la oposición, excepto Vox que se quedó solo, ya que el PP, al final, optó por la abstención y facilita así su tramitación.
En el turno para fijar posición, PSOE, UPL-Soria Ya, Podemos, Por Ávila y Francisco Igea recordaron que Castilla y León es la única comunidad sin una legislación propia en diversidad sexual, dado que la ley elaborada en 2021 está bloqueada, mientras que el PP mantuvo que no se oponen a esta norma pero, a la vez, aseguró que sus derechos están garantizados por la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la norma estatal.
La proposición de ley, que ahora se envía a la Comisión de la Presidencia para seguir con su tramitación, aunque ya no en este periodo de sesiones que concluye el 30 de junio, tiene por objeto garantizar plenamente el derecho a la igualdad real y efectiva, en los ámbitos público y privado, de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales, o que manifiesten cualquier tipo de diversidad sexual y evitar su discriminación por esa consideración.
Entre sus novedades, la inclusión del “sexilio”, que define como el fenómeno por el que estas personas se ven obligadas a emigrar por discriminación.
Garantizar que las políticas sanitarias incorporen las necesidades particulares del colectivo o promover unidades o servicios de investigación y atención sexológica y biopsicosocial para mejorar el acceso a pruebas médicas específicas de prevención e intervención de infecciones de transmisión sexual o genital, entre otras.
También, estará garantizado el acceso a las técnicas de reproducción humana asistida, siendo beneficiarías de manera individual todas las mujeres, hombres trans y personas con capacidad de gestar, así como sus parejas, si las tuvieran, con independencia de su estado civil y en régimen de igualdad y no discriminación.
