El pleno de las Cortes debatió hoy dos proposiciones no de ley sobre vivienda, reconocido por todos los grupos como un problema fundamental para los ciudadanos, pero no hubo acuerdo. PP y Vox unieron sus votos para pedir al Gobierno que derogue la ley de vivienda y el resto de la oposición solicitó a la Junta un parque público de vivienda de alquiler.
Los ‘populares’ Mercedes Cófreces y Emilio Berzosa denunciaron que la ley de vivienda del Gobierno central “no ha funcionado y es errónea”, opinión que compartieron los parlamentarios de Vox Carlos Menéndez y Susana Suárez; mientras que los procuradores socialistas José Luis Vázquez y Rubén Illera criticaron la “inexistente” política de vivienda de la Junta, destacaron la aportación del Ejecutivo central, cuando la competencia es autonómica, y acusaron al PP de utilizar un derecho como “un negocio”.
La PNL del PP contó con el apoyo de Vox, el voto en contra de PSOE, Pablo Fernández y Francisco Igea y la abstención de UPL-Soria Ya y Por Ávila. En ella se pide derogar la ley de vivienda y tramitar otra nueva con el consenso de las comunidades, aumentar los fondos de Castilla y León en el nuevo plan estatal, abandonar “la senda de la imposición y la amenaza” a las autonomías y ejecutar el anuncio del presidente del Gobierno de 180.000 viviendas sociales.
A este texto se incorporó la enmienda de adicción de Vox para que se recuperen las desgravaciones fiscales por la adquisición de vivienda habitual y de alquiler habitual de una casa. Tanto los procuradores del PP como los de Vox defendieron políticas de incentivación frente a la intervención del mercado, como sostuvieron PSOE y Podemos.
En la PNL socialista, que arrastró los votos a favor de UPL-Soria Ya y de Podemos, el no de PP y Vox y la abstención de Igea y Por Ávila, planteó cumplir la ley de vivienda, un parque público de viviendas en alquiler asequible con 5.000 inmuebles en los próximos dos años, declarar las zonas de mercado residencial tensionado y crear la empresa pública de vivienda para coordinar y gestionar estas políticas.
La popular Mercedes Cófreces, en la presentación del texto de su grupo, afirmó que sí creen que la vivienda sea un derecho, pero criticó la aprobación de la norma sin consenso con las comunidades, apeló a informes de expertos que reflejan que a día de hoy que la oferta ha caído a mínimos y los precios están en máximos, y afirmó que el artículo de zonas tensionadas, cuya declaración no es obligatoria, solo se aplica en una comunidad (Cataluña).
Todos los intervinientes de la oposición, excepto Vox, criticaron su presentación en las Cortes y preguntaron al PP por el papel de sus diputados en el Congreso, mientras que Cófreces replicó que el aumento del precio del alquiler en el último año afecta a todos los ciudadanos y subrayó un incremento del 12 por ciento en España y un 7,9 en Castilla y León, que enmarcó en medidas que incentivan.
Aunque con matices en los puntos, Carlos Menéndez (Vox) dio el apoyo al considerar que la norma nacional no ha corregido “anomalías” del mercado inmobiliario y añadió que se ha desplomado la oferta de alquiler por no proteger a los propietarios y si, en opinión de su grupo, a los ocupas, junto con el aumento de los precios.
Ni planificación ni modelo
En la presentación socialista, José Luis Vázquez remarcó de entrada que la vivienda es competencia exclusiva de la Junta pero el Gobierno aporta ocho de cada diez euros a través del plan estatal 2022-2025 con 121 millones frente a la aportación autonómica de 24 millones, a lo que unió “la deslealtad” por no cumplir con la reciente ley de vivienda.
Vázquez antepuso “medidas eficaces” implementadas por el Gobierno de España como el Bono Joven, con una dotación íntegra a Castilla y León de 21,6 millones de euros que llegó a 3.827 jóvenes de la Comunidad Autónoma. “El principal obstáculo de acceso a la vivienda es la Junta, no tienen planificación, ni modelo, ni un parque público y carecen de modelo público”, describió el parlamentario.
El socialista calificó de fundamental no descalificar viviendas públicas y garantizar como precio máximo de alquiler el 30 por ciento de la unidad familiar. “Convierten un derecho en negocio”, reprochó Vázquez, que defendió que el Gobierno hable de incentivos a las comunidades que cumplen la ley mientras que las incumplidoras ejecuten su competencia con sus propios fondos.
El procurador Pablo Fernández (Unidas Podemos) respaldó las medidas propuestas por la oposición socialista pero fue más allá en pedir al Gobierno central que intervenga en el mercado para controlar los precios al alquiler, punto en el que criticó que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, por lo que tildó de “error” que haya apelado a la solidaridad de los propietarios.
“Señorías del PP, aquí no hay quien viva por sus nulas políticas públicas de vivienda”, inició Pablo Fernández, que acusó al PP de “poco trabajo” y de traer una iniciativa a las Cortes de una competencia solo suya. “¡Hay que tener cuajo”!, sentenció, para solicitar medidas para cumplir con el derecho de acceso a la vivienda y “no para especular”.
El procurador del Grupo Mixto Francisco Igea preguntó al PP qué hace su grupo en el Congreso ante lo presentado hoy en las Cortes y enumeró el escaso número de viviendas ejecutadas como 370 en el plan rehabilitare. “Dejen de hacer anuncios y pónganse a la tarea en una competencia exclusiva”, zanjó.
El leonesista José Ramón García manifestó que hay un déficit de vivienda pública tanto en las zonas rurales como donde hay empresas, afirmó que este es un debate sobre el reparto de la riqueza por el afán de centralizar el tejido industrial en las grandes ciudades y lamentó que los jóvenes no encuentren una vivienda digna por los elevados precios, si bien no dio el apoyo a los puntos de la PNL del PP, ya que la derogación de la norma señaló que corresponde al Congreso.
El sorianista Juan Antonio Palomar acusó tanto al Gobierno como a la Junta de incumplimientos en las viviendas prometidas y reclamó medidas ante los precios en las zonas tensionadas, a la vez que se mostró a favor de un parque público de alquiler y de una empresa pública. Además, propuso una enmienda para que se realice un inventario de inmuebles en ruina en municipios de menos de 3.000 habitantes.
Susana Suárez (Vox) acusó a PP y PSOE del problema de la vivienda por sus políticas que “han tocado” el mercado inmobiliario con menos oferta y precios más elevados y apuntó a la ley de vivienda del Gobierno, que ha propiciado “precarios sin casa”, por ello planteó más vivienda pública, proteger al propietario y recuperar las deducciones por la compra de vivienda habitual y por alquiler.
