El Pleno de las Cortes de Castilla y León dio este miércoles el visto bueno a una PNL de Soria ¡Ya!, con el único rechazo del PSOE, para pedir al Gobierno central que anule la supresión prevista de las paradas de autobús en 346 municipios de Castilla y León, 21 de la provincia de Segovia.
Esta iniciativa fue tachada por el Grupo Socialista de «farsa», aunque llegó a plantear una enmienda para sustituir dos puntos con el fin de instar a la Junta a cumplir el artículo 54 de la Ley de Transporte Público de Viajeros por Carretera de Castilla y León que determina que el Mapa de Ordenación autonómico debe garantizar la coordinación de la red de transporte público de la Comunidad con la red estatal, que fue aceptada por el grupo soriano.
La socialista Laura Pelegrina señaló que «las competencias en materia de transporte por carreteras intracomunitarias son de las comunidades autónomas, no del Gobierno de España»; mientras que el procurador ponente, Ángel Ceña, reafirmó que el Gobierno central va a suprimir paradas en su provincia y en Castilla y León para dejar «al albur de la Junta» la decisión. «Perdimos el tren y ahora quieren que perdamos el autobús», lamentó Ceña, criticando la «mala» Estrategia de Movilidad Sostenible en la que se sustenta el mapa concesional de viajeros por carretera del Ministerio que dirige Óscar Puente; a la vez que propuso que el autobús pare en una localidad cuando «alguien haya comprado el billete y, si no lo ha comprado, que siga adelante».
Por otro lado, la procuradora segoviana del Grupo Popular Elena Rincón reivindicó que el PP lleva reclamando esta iniciativa dos años y pidió al partido socialista y al ministro Puente que «deje de mentir y atacar a Castilla y León». Asimismo, Rincón reprochó que «hasta la fecha el diálogo ha sido escaso y las decisiones han sido unilaterales»; y urgió la convocatoria de la Conferencia Nacional de Transporte para tratar «este tema tan crítico».
También intervino la parlamentaria por Vox Segovia Susana Suárez, quien defendió a los habitantes de las zonas rurales de la Comunidad: «Hay que garantizarles el derecho al desplazamiento y el derecho a la movilidad para que puedan tener acceso a los servicios básicos». Suárez, que calificó a Puente como «el ministro del caos», criticó que «el partido socialista pretende acabar con el mundo rural» y defendió que se debe «contribuir a que no se desmantelen» los núcleos rurales y, para ello, considera determinante que todos voten en contra de las «políticas climáticas que favorecen la Agenda 2030 y que tanto daño están haciendo a Castilla y León».
