Las Cortes de Castilla y León exigirán al Gobierno de Sánchez que deje de acosar a la empresa explotadora de la estación de esquí de Navacerrada, tal como se ha aprobado en una iniciativa del PP, con los votos en contra del PSOE
El procurador popular, José Luis Sanz Merino, pidió al Gobierno de España que, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, deje de adoptar decisiones que impidan la continuidad de la estación de esquí de Navacerrada, y desista de cualquier proceso judicial en sentido contrario.
El texto, además, insta a Parques Nacionales a que tramite una nueva concesión de uso privativo de las instalaciones de esquí de las tres pistas, situadas en la estación de esquí alpino de Navacerrada en la vertiente segoviana. También solicita que el Gobierno cese en el acoso político a que está sometiendo a las empresas de Castilla y León y en concreto a la explotadora de la estación de esquí y renueve las resoluciones de la CHD, también dependiente del MITECO, de 6 de julio y 31 de agosto de 2022 dirigidas a inutilizar las instalaciones de toma de agua para fabricación de nieve artificial.
Sanz Merino ha señalado que Grupo Popular se ve en la obligación de plantear de nuevo este asunto, tras una iniciativa análoga en abril de 2021, “pues el Gobierno de nuestra nación, lejos de mostrarse sensible con la petición de los representantes electos de nuestra Comunidad, ha acentuado más su incomprensible aversión a Castilla y León.
Uno de los argumentos esgrimidos por el PSOE para oponerse a “los intereses de Castilla y León”, se debe a los problemas de tráfico en las inmediaciones. Algo que “el propio Ministerio para la Transición Ecológica en su Plan de Recuperación y Activación Económica Sostenible del Puerto de Navacerrada justificaba el cierre por la congestión del tráfico que ocasionaba, pero a la vez indicaba que no era porque los visitantes fueran a esquiar, sino porque seguirían yendo a hacer turismo de naturaleza,; lo sorprendente es que el MITECO añada que “la justificación de dicho plan residía en que el número de personas que dejen de asistir a la Estación de Esquí, con motivo del cierre, sigan asistiendo para realizar otras actividades deportivas” “Es una muestra más de la manía persecutoria del Gobierno hacia Castilla y León”.
