Las Cortes de Castilla y León han aprobado este miércoles el techo de gasto fijado en 10.167 millones de euros, un 6,16 por ciento más que en el anterior de 2018, con el apoyo de los grupos parlamentarios de PP y Cs, el rechazo de los procuradores socialistas y de Podemos y la abstención de Vox, UPL y Por Ávila.
El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, presentó al pleno de las Cortes el acuerdo de la Junta que fija el límite de gasto no financiero tras conocer los objetivos de déficit y deuda de las comunidades fijado en el 0,2 por ciento.
El techo de gasto, que prevé un crecimiento del PIB del 1,6 por ciento y la reducción del 10,8 por ciento de la tasa de desempleo, resulta «coherente» en el escenario macroeconómico actual según el consejero, además de ser la antesala de la elaboración de los presupuestos autonómicos.
La procuradora socialista Rosa María Rubio criticó que la balanza entre gastos e ingresos en Castilla y León «está desequilibrada» y lleva varios ejercicios «inclinada» hacia los gastos por añadir el déficit «incumplido» por la Junta en tres de los últimos cinco años.
Tras pedir mayor financiación autonómica el consejero, la procuradora socialista le ha señalado que de los 669 millones de aumento de los ingresos, 574 provienen del sistema de financiación autonómico del Estado.
Ha detallado las cifras «alarmantes» que suponen los ingresos de tan solo 7 millones más de recursos propios, lo que «no representa ni el 1 por ciento respecto a 2018», una capacidad de ingresos «muy escasa» y que «no es para sacar pecho».
Ha criticado también la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y que «de cada tres euros que presupuesta la Junta invierten uno en los ciudadanos».
«El presupuesto es un contrato con la ciudadanía que ustedes incumplen», denunció Rubio, quien además ha asociado la bajada de la tasa de paro del 0,4 por ciento a la disminución de la población activa.
Por parte del grupo popular, Salvador Cruz defendió a la Junta ante las acusaciones del PSOE de no implantar medidas fiscales en el mundo rural, al destacar que la supresión del Impuesto de Sucesiones beneficia a todos los ciudadanos de la Comunidad.
Cruz aplaudió «el mejor techo de gasto» en la historia de Castilla y León, que permitirá la elaboración de los presupuestos y que la Educación, Sanidad y servicios públicas «vuelvan a ser políticas prioritarias».
En respuesta al desequilibrio de ingresos y gastos que acusa el grupo socialista, Cruz señaló que la ejecución presupuestaria en materia de ingresos en 2019 fue del 85 por ciento en Castilla y León, cuatro puntos más que Asturias y diez más que Extremadura, «comunidades gobernadas por el PSOE».
Por su parte, el procurador de Ciudadanos Juan Pablo Izquierdo agradeció la «estabilidad y certidumbre» que ofrece aprobar el techo de gasto.
Ha criticado al Gobierno de España por ser «hábiles trileros» y «jugar» con la idea de intercambiar la deuda del IVA de 142 millones de euros por aumentar la emisión de deuda, y ha pedido al Estado «que pague lo que debe».
Finalmente, el procurador de Vox, Jesús García, anunció que su abstención está condicionada a que se suprima la «administración paralela» y los presupuestos no sirvan para «gastos innecesarios» de las consejerías.
