La solemnidad que hemos podido presenciar el pasado 31 de octubre con motivo de la mayoría de edad de la princesa de Asturias tiene indudablemente varias lecturas: unas jurídico políticas y otras, llamémoslas, ‘atmosféricas’. Entre las primeras, ya se ha dicho, el sometimiento de la Corona a la voluntad de la soberanía nacional (no popular como ha dicho doña Paquita), el control parlamentario a la más alta magistratura del Estado y la continuidad dinástica. Y entre las segundas a nadie se le escapa que jurar la Constitución de la forma que lo hizo la princesa, así como los discursos de SM el Rey y de la heredera que se oyeron en el Palacio Real, significaron adhesiones a nuestro orden constitucional en un momento en que ese pacto que nos dimos los españoles en 1978 pende de un hilo.
En el momento que se apruebe la Ley de Amnistía -por la única razón de que el candidato Sánchez necesita los votos de los separatistas para superar su investidura y que tras el pacto tendría, al menos, la mitad más uno de los votos del Congreso-, como se dice ahora “pasamos de pantalla”.
Las “estrategias de domesticación”, en función de las cuales el Gobierno integra en las instituciones a los enemigos declarados de la Constitución no dio buenos resultados en la República de Weimar, y tampoco los está dando ahora, pues facilitarles los instrumentos del propio Estado para destruir el marco de convivencia está vaciando nuestras instituciones convirtiéndolas en una fachada sin contenido alguno en su interior.
Pasamos, por tanto, a un escenario en el que las alianzas entre separatistas y socialistas (en el Congreso nacional y en los regionales) dejan poco margen para acatar los principios y valores de nuestra Constitución. La Ley de Amnistía rompe con varios principios básicos del pacto constitucional como son el consenso, la separación de poderes, la igualdad y la independencia y autonomía de las instituciones, en especial el poder judicial.
Por consiguiente, entramos en territorio inexplorado, una vez roto el pacto constitucional se produce un salto en el vacío de impredecibles consecuencias en el que ningún partido se sentirá sujeto a la Constitución, y como bien saben los juristas, y le recordó S.M. el rey el otro día a la princesa de Asturias, sin ley no hay democracia.
El profesor Juan Francisco Fuentes suele recordar de Azaña la exhortación que hacía a los españoles para aprender de la “musa del escarmiento”, inspiradora de los errores del pasado. No hace falta, por tanto, mirarse en la Alemania de entreguerras. Con el advenimiento de la II República, en 1932 se estableció en el Congreso de los Diputados el Tribunal de Responsabilidades Políticas formado por diputados (¡no por jueces!) para dilucidar las implicaciones de los protagonistas de los seis años de dictadura del general Primo de Rivera. La defensa del que fue ministro de Justicia en 1925, D. Galo Ponte, basó su alegato en que no se podía encausar a su defendido por delinquir contra la Constitución de 1876 porque en 1925 la constitución hacía dos años en que de facto y de iure había dejado de existir, por lo que difícilmente se podía uno rebelar contra un régimen constitucional que a partir de los sucesos de septiembre de 1923 ya no existía. Mismo argumento que el Gobierno provisional de la República había utilizado para amnistiar a los revolucionarios presos en las cárceles: no se podían considerar delito los actos realizados contra una Constitución que ya no existía. ¿acaso estamos en este punto?
Por lo tanto, la defensa de D. Galo Ponte incidía que la Constitución de 1876 había sido rota, subvertida y derrocada, y en definitiva muerta, terminando su alegato con la afirmación de que “las Constituciones no pueden resucitar”.
Y es que como decía Giovanni Sartori, las “políticas de superoferta” en las que se ponen en almoneda unas veces los trenes, otras las instituciones, y otras la democracia o la libertad, con el fin de conseguir una deseada estabilidad -o unos años en el palacio de la Moncloa-, no suele dar buenos resultados.
Porque llegados a la situación actual y a la previsible aprobación de la ley de Amnistía corremos el riesgo de convertir nuestra Carta Magna en papel mojado, no solo por la inconstitucionalidad manifiesta de la norma -numerosos colectivos de prestigiosos juristas así lo confirman- sino por su improcedencia y consecuencias ya citadas.
El vicio sobre el que se asienta la naciente legislatura es la ruptura de lo más preciado que tenemos los españoles, la convivencia -enmarcada en nuestra Constitución- basada en una clara voluntad de compartir unos valores que nos unen más que nos separan.
