El anuncio del grupo municipal del PP de presentar alegaciones al empleo de los remanentes de tesorería en el presupuesto municipal para el presente año ha caído como un jarro de agua fría en el equipo de Gobierno, que considera que esta medida puede retrasar cerca de un mes el inicio de las obras y proyectos contenidos en el programa económico aprobado en el pleno municipal .

El concejal de Economía y vicealcalde Jesús García Zamora explicó ayer que hasta la fecha aún no había constancia de que los populares hubieran presentado las alegaciones en sede municipal, y recordó que el plazo legal para ello concluye el próximo 25 de marzo. Si finalmente se concreta la presentación, García Zamora señaló que serán estudiadas por los servicios técnicos, que serán quienes determinen su validez conforme a la ley, para posteriormente llevarlas a la comisión informativa de Hacienda, paso previo a su presentación en pleno municipal, que es el foro en el que deben debatirse para su aprobación.

En este sentido, señaló que su debate no sería en el pleno ordinario de marzo por una cuestión de plazos, por lo que no sería hasta finales de abril cuando llegaran a la sede municipal,  aunque no descartó la posibilidad de convocar un pleno extraordinario para analizar exclusivamente estas alegaciones. El concejal recordó que “no sería la primera vez” que el Ayuntamiento recurriera a esta medida, lo que haría posible ganar algunos días.

García Zamora señaló que.  en el mejor de los casos, la presentación de alegaciones obligaría a retrasar las obras y proyectos  durante el tiempo que dure la tramitación, lo que supondría dilatar los procesos administrativos para la contratación y adjudicación de contratos o la apertura de programas como el de ayuda a la pobreza energética “que en este tiempo se antoja muy necesario en hogares que no pueden soportar el gasto de la factura de la luz.

Por otra parte, señaló que  el equipo de Gobierno está “tranquilo” con respecto a la legalidad del proceso de confección del presupuesto municipal y la aplicación de los remanentes, y señaló que la labor de los servicios técnicos y jurídicos debe ser siempre analizada bajo la “presunción de legalidad”.

El concejal de obras Miguel Merino también aludió ayer a este problema en la presentación de los actos del Día Mundial del Agua, y  empleó un tono muy contundente para descalificar la iniciativa del PP y a su portavoz Pablo Pérez . Así, indicó que su actitud  demuestra que “le importa un bledo la ciudad por conseguir ubicarse en el poder”, y  señaló que “si no aporta, que se aparte, asuma la democracia y trabaje por su ciudad”.

Merino señaló que en el actual contexto económico “cuando apenas no hemos salido de la pandemia, vivimos la crisis de suministros y una guerra, los grupos políticos deben estar a la altura y arrimar el hombro para proponer y ayudar, pero esta alegaciones buscan bloquear y embarrar la gestión municipal”.

IU acusa al PP de “boicotear la ciudad”

El grupo municipal de Izquierda Unida se suma también a las críticas a las alegaciones, y en una nota de prensa lamenta que el Partido Popular trate de paralizar las inversiones previstas para Segovia en 2022. Para IU, la presentación de alegaciones a la incorporación de remanentes responde “a un nuevo intento del PP de bloquear la ciudad y obtener rédito político, algo que ha sido una constante a lo largo de todo el mandato corporativo”.

IU señala que las inversiones previstas en los Presupuestos “no son del equipo de Gobierno, sino que son de toda la ciudad y para toda la población de Segovia. No se pueden dejar de hacer todos los proyectos previstos por cuestiones administrativas”, y subraya que el proyecto de Presupuestos aprobado en el último Pleno tiene el visto bueno de todos los jefes de servicio del Ayuntamiento, de Intervención y de Secretaría; por lo que “en ningún momento se ha generado ninguna duda sobre la legalidad del proceso, y todos los informes son favorables”. Por otra parte, indican que las aspiraciones políticas del portavoz popular, Pablo Pérez, están llevando a su grupo municipal a tomar decisiones totalmente negativas para la ciudad, en un acto de “deslealtad hacia Segovia y sus habitantes”.