Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional lanzaron ayer una operación en la que se detuvo a 29 personas implicadas en una trama de corrupción por el presunto desvío de al menos dos millones de euros de subvenciones de la Diputación de Barcelona que debían prestar asistencia a países en vías de desarrollo pero que no llegaron a sus beneficiarios.
Según fuentes de la investigación, la mayoría de los detenidos son personas significadas con el plan independentista impulsado desde la Generalitat, primero en la etapa bajo la presidencia de Artur Mas y, posteriormente, en la de Carles Puigdemont.
Los detenidos están acusados de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude de subvenciones. El TSJ de Cataluña emitió un comunicado en el que cifraba en dos millones el valor mínimo de las subvenciones objeto de investigación en la Diputación de Barcelona. Según la Policía, el fraude podría ser más elevado.
Desde Sevilla, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, aseguró que serán los investigadores los que determinen si estos fondos se utilizaron para financiar el procés independentista. La operación, bautizada como ‘Estela’, está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona y la Fiscalía Anticorrupción de Barcelona.
Los expertos policiales han examinado miles de documentos tras dos años de investigación antes de la explotación de la operación. Entre los detenidos se encuentra Jordi Castells Masanés, el que fuera director y actual subdirector general de Cooperación Local de la Generalitat. Este cargo público dimitió en 2015, cuando aparecieron informaciones sobre el reparto de más de un millón de euros en subvenciones a raíz de las denuncias de la CUP y del sindicato CGT.
Altos cargos
Según la Policía, CATmon e IGMAN recibieron entre 2011 y 2015 más de diez millones de euros procedentes de diversos organismos públicos catalanes, entre ellos la propia Diputación.
Además, se crearon empresas expresamente para el cobro de las subvenciones, para lo que se recurrió a informes finales copiados literalmente de internet, a facturas falsas, actividades presupuestadas y no realizadas y otras actividades irregulares detectadas por la UDEF.
Los expertos policiales han recabado pruebas de que el dinero de estas subvenciones transitó de forma anómala entre las cuentas bancarias de las organizaciones sin ánimo de lucro IGMAN, CATmon y la sociedad mercantil DISCATIMAT SL, para finalmente ser reintegrado en efectivo o destinado a sufragar los gastos de la actividad del entramado criminal o en cuentas personales de los investigados.
Además de Castells Masanés, fueron detenidos el expresidente de la Diputación de Barcelona Salvador Esteve Figueres y el actual alcalde de Tordera y delegado de Hacienda, Recursos Humanos, Procesos y Sociedad de la Información del organismo supramunicipal, Joan Carles García Cañizares.
También fue arrestado Víctor Terradellas Maré, quien fue secretario de Relaciones Internacionales de Convergencia y al que los expertos policiales vinculan con Francesc Dalmases, diputado de Junts pel Cat y miembro de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo. Dalmases fue promotor del Pacto Nacional por el Referéndum y es próximo al actual presidente de la Generalitat, Quim Torra. Asimismo, en la lista de detenidos figuran responsables de PIMEC y directivos de fundaciones, asociaciones y empresas catalanas.
A las 12.30 horas se habían realizado 14 registros en varios despachos y sedes de la Generalitat y de la Diputación de Barcelona, así como una serie de entidades sin ánimo de lucro y empresas catalanas que supuestamente han sido favorecidas al menos con el desvío de dos millones de euros de dinero público.
El operativo contó con 500 agentes, algunos desplazados desde fuera de Cataluña, que se desplegaron en Barcelona, Tarragona y Girona para registrar sedes de la Generalitat. El epicentro de la trama estaría en la Diputación de Barcelona.
