La aprobación de la ordenanza que regulará la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Segovia, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2025, continúa generando diferencias entre vecinos y comerciantes de la ciudad y principalmente los del recinto amurallado. La ordenanza que vio luz verde en el pasado Pleno de febrero supone una fase inicial para la que en la última Junta de Gobierno Local se autorizó la licitación del sistema de gestión del tráfico para gestionar e instalar las cámaras y los paneles informativos correspondientes a la señalización.
Para acceder a esta parte de la ciudad será preciso un distintivo ambiental en los correspondientes vehículos; no siendo necesario así para los vecinos empadronados en la ZBE y en bicicletas, vehículos de movilidad personal y ciclos, además de autos de emergencias, sanitarios, limpieza, suministros o grúas. Para la instauración del proyecto hay un plazo de información pública para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
Ante la implantación de la ZBE en Segovia, la Asociación Vehículos Afectados por Restricciones Medioambientales (AVARM) ha presentado una campaña de alegaciones masivas de consulta pública. Entre las reclamaciones, el colectivo solicita que se faciliten a los ciudadanos «datos e informes necesarios» como memoria del impacto normativo o evaluación del impacto medioambiental en las zonas colindantes al perímetro de la ZBE.
Por otro lado, la asociación sostiene que «si tenemos en cuenta la cifra de vehículos sin etiqueta ambiental según los datos de la DGT supondría una cifra que de no ingresarse podría poner en riesgo la sostenibilidad financiera del Ayuntamiento». Asimismo, la AVARM indica que los periodos de adaptación a la ordenanza son «excesivamente» cortos; y recuerda al respecto la sentencia del Tribunal Supremo 5429/2021 respecto a la ZBE ‘Madrid Central’, ratificando varias sentencias del TSJM, entre ellas la STSJ M 8150/2020. La fecha límite para presentar las alegaciones es el 24 de abril a las 23.59 horas.
