La guerra interétnica entre kirguises y uzbekos ha causado en apenas cinco días el desplazamiento forzado de 200.000 personas dentro de Kirguizistán y la huida de 75.000 a la vecina Uzbekistán.
«Tememos que, a menos que la paz y el orden regresen, mucha más gente podría ser rápidamente desplazada y dirigirse a las zonas rurales del país o intentar cruzar la frontera», afirmó ayer el portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur) Andrej Mahecic.
Por su parte, la oficina de Naciones Unidas para los derechos humanos cuenta con indicios de que la violencia que se ha apoderado del sur de la nación ex soviética «no es el resultado de choques étnicos espontáneos», sino que ha sido «bien planificada y dirigida».
Su portavoz, Rupert Colville, aseveró que esta situación difiere de otras crisis de violencia y es «extremadamente peligrosa» debido al «mosaico étnico» que predomina en la región.
«Estamos ante una mezcla étnica altamente compleja, con 80 grupos diferentes solo en Osh», la región donde se registraron los primeros ataques y enfrentamientos entre kirguises y uzbekos.
Colville manifestó que el representante del Alto Comisionado en Kirguizistán ha recogido informaciones y testimonios procedentes de diferentes zonas envueltas en la violencia que indican que «los incidentes comenzaron con cinco ataques simultáneos en Osh» por parte de grupos de hombres armados. «Es como si hubiesen buscado provocar reacción», recalcó.
Sobre las acusaciones del Gobierno kirguís de transición contra el derrocado presidente Kourmanbek Bakiev (exiliado en Bielorrusia) por ser el supuesto instigador de los actos de violencia para regresar al poder, el portavoz respondió que «no estamos en posición de hacer ninguna acusación directa contra individuos».
En este sentido, el Gabinete de Bishkek acusa también al segundo hijo del ex presidente, Maxim Bakiyev, de terrorismo y pedirá su extradición a Reino Unido, donde fue detenido el lunes, por este motivo, según anunció la mandataria interina de la antigua república soviética, Rosa Otunbayeva.
El actual Ejecutivo sospecha que el hijo de Bakiyev organizó y financió los violentos enfrentamientos en las ciudades de Osh y Jalalabad, en el sur del país, que según el último balance oficial han dejado 176 muertos y más de 1.800 heridos.
Pero la situación sobre el terreno sigue siendo dramática. Colville reconoció que, aunque «es muy duro confirmar cualquier cosa en estas circunstancias», su institución cuenta igualmente con información «de una variedad de fuentes en el terreno» sobre mujeres kirguís y uzbekas violadas. Sin embargo, pidió mucha «precaución» porque «las denuncias y rumores también podrían ser utilizados para enardecer la situación».
En tanto, un grupo de relatores de la ONU sobre derechos humanos denunció la orden de tirar a matar dada por el Gobierno kirguís a sus fuerzas de seguridad.
«Esto va claramente contra las normas legales sobre el uso de la fuerza y pone en peligro a personas inocentes», señalaron los relatores sobre Minorías, Gay McDougall; Ejecuciones Extrajudiciales, Philip Alston; y Racismo, Githu Muigai.
Por su lado, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, expresó su «seria preocupación» por la situación de Kirguizistán en sendas conversaciones telefónicas con Otunbáyeva y el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov.
