La situación en Egipto comienza a ser insostenible tras el golpe militar que el pasado 3 de julio derrocó al Gobierno de Mohamed Mursi. Desde entonces, los enfrentamientos entre los seguidores del exmandatario islamista y sus detractores han ocasionado una oleada de violencia que se ha saldado con varios centenares de muertos y la noche del pasado viernes el país vivió uno de sus días más sangrientos, con decenas de fallecidos en El Cairo, al menos 200 según cifraron los Hermanos Musulmanes y unos 65 bajo las estimaciones del Ministerio de Sanidad.
Todo empezó con una manifestación convocada por el líder del Ejército, Abdelfatá al Sisi, que llamó a los ciudadanos a respaldar la concentración para autorizar a las Fuerzas castrenses a «afrontar la posible violencia y el terrorismo». Una marcha que, según fuentes gubernamentales, fue secundada por 29 millones de personas. Mientras, los seguidores de Mursi habían vuelto a reunirse en lo que denominan el Viernes para derrotar el golpe de Estado.
Esta última movilización fue abortada por unidades especiales de la Policía, que atacaron a una multitud de congregados junto al campamento de protesta en la calle Naser, a las afueras de El Cairo, donde los agentes comenzaron a abrir fuego con munición real.
El ministro del Interior, Mohammed Ibrahim, indicó que los hechos fueron una «provocación» de los Hermanos Musulmanes y agregó que 51 uniformados resultaron heridos.
Por otro lado, Ibrahim reveló que Mursi ingresará, probablemente, en la cárcel cairota de Torah, donde se encuentra también el expresidente Hosni Mubarak, depuesto en 2011 tras semanas de intensas movilizaciones populares.
El ministro reconoció que la decisión depende del juez instructor que lleva el caso -el islamista está acusado de homicidio y colaboración con Hamas-, pero apuntó que Torah será «seguramente» el destino final del derrocado mandatario.
Asimismo, indicó que tienen intención de poner fin a las concentraciones indefinidas que mantienen los seguidores de Mursi en protesta por el golpe de Estado. «Si Dios quiere, las disolveremos de forma que no haya pérdidas, pero, si Dios quiere, deben terminar», explicó. «Esperamos que entren en razón y se sumen al proceso político», agregó.
