Desde hace dos semanas una administrativo y tres técnicos en carpintería acuden todos los días laborables al que ha sido su lugar de trabajo en el polígono de El Cerro desde hace un año y medio para cumplir con su jornada laboral, de 8 a 13.30 horas y de 15.30 a 18 horas. Hasta aquí todo normal, si no fuera porque nadie les da trabajo, ni les despide formalmente ni aclara su situación después de que el pasado 29 de septiembre fuera vendida la sociedad por la que habían sido contratados.
Lorena Torres Arribas, Juan Martín Sebastián, Luis Asañedo Gilarranz y Santiago Garrido de Juan son los cuatro trabajadores que han intentado “por las buenas” que tanto el anterior empresario como el comprador de la sociedad les informen por escrito de su estatus tras la venta de la mercantil, sin conseguirlo. “Nos están tratando como a cuatro cajas en lugar de como a personas”, afirmaban ayer a la puerta de la nave de la calle Somorrostro donde tiene su domicilio social la empresa.
Según explican los trabajadores, las pérdidas de la sociedad motivaron su venta el pasado 29 de septiembre pero “a los trabajadores no se nos comunicó por escrito, sólo se ha hecho verbalmente y el día 19 de octubre, cuando tenía que haberse comunicado formalmente y antes de la operación”.
El comprador no se ha puesto en contacto con los empleados hasta la semana pasada cuando, también de forma exclusivamente verbal, según los trabajadores, les informó de que les entregaría la liquidación y la carta de despido, sin que hayan vuelto a tener noticias.
Por esa razón, los cuatro empleados, de mutuo acuerdo, continúan acudiendo al lugar de trabajo “porque como no hay comunicación por escrito nuestra obligación es venir a nuestros puestos de trabajo, ya que seguimos dados de alta en la empresa y ésta no tiene otra dirección fiscal”, afirman. “No podemos quedarnos en casa y que al tercer día nos despidan por falta de asistencia y nos quedemos en la calle sin nada”, añaden.
Y en la calle están, como mercancía desechada, porque en la nave nadie les da trabajo, aunque el anterior propietario, ahora como persona física, ha contratado a dos operarios que trabajan allí mismo, según mantienen los afectados.
Para que quede constancia de esta situación indeterminada en la que se encuentran han enviado un burofax al empresario y han llamado a la Policía Local de Segovia para los agentes certifiquen que están acudiendo a los puestos de trabajo a los que siguen legalmente vinculados.
Ya están pensando en poner el asunto en manos de un abogado y acudir, en primera instancia, a un acto de conciliación y, si no hay acuerdo o comparecencia de los empresarios, al Juzgado de lo Social.
