El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón aportó ayer al Tribunal Supremo un documento de la Universidad de Nueva York en el que el centro docente certifica que el magistrado ni solicitó ni recibió financiación del Banco Santander para la celebración de unos cursos en la citada ciudad de EEUU en el período 2005-2006, circunstancia por la que es investigado en este órgano por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y estafa.
Con este texto, el letrado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, pretende contrarrestar las razones por las que el Tribunal Supremo admitió a trámite la querella por estos hechos, una de las cuales fue la de estimar como «hecho nuevo» que fuera personalmente el juez quien pidiera a la entidad financiera la entrega del dinero para sufragar los gastos que originarían unas actividades «en las que participaría directa y personalmente de forma relevante».
Los abogados querellantes, José Luis Mazón y Antonio Panea, relacionan la supuesta percepción de 302.000 dólares por parte de Garzón por la organización de los cursos con la decisión de éste de no admitir a trámite posteriormente una querella formulada contra directivos del Banco Santander, entre ellos su presidente Emilio Botín, en el proceso penal por las «cesiones de crédito», un caso ya archivado en el que se les acusaba de un delito continuado de falsedad en documento oficial, tres de falsedad en documento mercantil y otros 30 contra la Hacienda Pública.
Según señala el escrito de Martínez Fresneda, el certificado expedido por la Universidad de Nueva York el pasado día 15 se acredita que fue el Centro Juan Carlos I de España de esta misma institución el que «pidió y recibió financiación del Banco Santander Central Hispano para planificar, organizar y documentar dos importantes series de coloquios».
«Mi representado no solicitó dinero alguno, sino que fue el Centro Juan Carlos I el que lo hizo, con independencia de que mi mandante sí que mantuviera contactos con los patrocinadores en el contexto de la preparación de aquellos coloquios, así como, ciertamente, para agradecer su patrocinio», añade.
El certificado está firmado por el director de la Universidad entre 1995 y 2007, James D. Fernández y su directora actual, Jo Labanyi. Dice que el centro pidió y recibió financiación de la entidad para organizar los coloquios Diarios Transatlánticos y Derechos Humanos y Seguridad Jurídica en Iberoamérica.
«El Centro Rey Juan Carlos I de España administró y gastó estos patrocinios en la realización de estas iniciativas, y ninguno de estos gastos tomaron la forma de compensación directa o indirecta, en dinero o especie, al juez Garzón o a su familia», señala el certificado.
Añade que los términos de la remuneración que recibió el magistrado no guardan relación alguna con los patrocinios del Banco Santander, puesto que fueron acordados «antes de la existencia de los patrocinios y no hubo ningún cambio ni en la cantidad ni en el carácter de su compensación tras la concesión de los mismos».
Por otro lado, Martínez-Fresneda pide al Supremo que traduzca al castellano los documentos recabados durante la instrucción que se encuentran redactados en lengua extranjera. Especialmente, a la defensa del magistrado le interesa el titulado Framework collaboration agreement between New York University and Banco Santander S.A., firmado el 15 de abril de 2008 y que demuestra, según el letrado que la relación de patrocinazgo entre la entidad y la Universidad de Nueva York continúa en la actualidad, «y por unas cantidades mucho mayores que las comprometidas en aquellos coloquios de 2005 y 2006».
En defensa de Garzón han salido artistas y políticos, que secundarán una concentración en Jaén para apoyarle. Así, Juan Diego Botto, Cristina Almeida o Pilar Bardem son algunos de los representantes de las letras, el cine y la música que acudirán el sábado para participar en el acto de respaldo al togado.
