La Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE) dictaminaron ayer miércoles que España ya cumple todas las condiciones exigidas por la UE para recibir el primer tramo de 39.500 millones de euros del rescate bancario, tanto por lo que se refiere a la reestructuración del sector como en ajuste presupuestario y reformas.
De esta cantidad, 37.000 millones se dedicarán a recapitalizar los bancos nacionalizados (Bankia, Cataluña Caixa, Novagalicia Banco y Banco de Valencia), cuyos planes de reestructuración acaba de aprobar Bruselas, y otros 2.500 millones irán a la sociedad de gestión de activos inmobiliarios (Sareb). El desbloqueo del primer tramo del rescate bancario para España se aprobará probablemente en el Eurogrupo del 3 de diciembre, según informa Europa Press.
«Los servicios de la Comisión y el BCE consideran que España ha cumplido las condiciones exigidas» y «recomiendan desembolsar un primer tramo de la facilidad del MEDE (mecanismo europeo de estabilidad), de alrededor de 39.500 millones», señala el primer informe de la ‘troika’ sobre el rescate bancario de España.
No obstante, el informe reclama «rápidos progresos adicionales» para finalizar los planes de reestructuración de los bancos del grupo 2 (Banco Mare Nostrum, Banco Caja 3, Liberbank y Ceiss), así como para poner en marcha el banco malo (Sareb), que debe estar operativo el 1 de diciembre.
«Aunque la aplicación de estas medidas está en general bien encarrilada, representan importantes piedras angulares del programa y exigen una toma de decisiones bien pensada y una aplicación eficaz con plazos ambiciosos, lo que va a ser un reto», dice la Comisión.
Pese a su dictamen positivo, el Ejecutivo comunitario insiste en que España debe seguir llevando a cabo un «considerable esfuerzo de consolidación fiscal» para corregir su déficit excesivo. Y reclama de nuevo al Gobierno de Mariano Rajoy que concrete los ajustes previstos para 2014. Para 2012 y 2013, Bruselas ya ha dicho que no serán necesarias más medidas. «Para 2014, España no ha adoptado todavía suficientes medidas para cumplir el esfuerzo estructural exigido», afirma el informe.
Bruselas pide además al Gobierno que prosiga con la reforma laboral para garantizar la moderación salarial y evitar la segmentación del mercado laboral. En particular, la Comisión quiere una reforma de las políticas activas de empleo, con el fin de concentrar la financiación en formación y no en subsidiar determinados tipos de contratos.
