La Comisión Europea propuso ayer que los gobiernos de la Unión Europea que no quieran participar de un nuevo mecanismo de emergencia para repartir la carga de la acogida de refugiados en casos de crisis, puedan eludir esta responsabilidad a cambio de pagar 250.000 euros por cada uno de los refugiados que no acepte.
Con ello Bruselas deja de lado su idea original de crear una ventana única para gestionar un sistema de reparto de cuotas de acogida permanente, y propone reformar el reglamento de Dublín, que obliga a resolver el expediente de asilo en el primer país al que llega la persona, para incluir el mecanismo de emergencia.
La propuesta, que aún debe ser negociada con los Veintiocho y con el Parlamento Europeo, sí contempla reforzar la Agencia Europea de Asilo (EASO, por sus siglas en inglés) para que registre todas las peticiones de protección internacional presentadas en los Estados miembros y las aceptadas por cada país, con el objetivo de medir la presión sobre cada uno.
“Todo el que tenga derecho a la protección internacional debe tenerla en la UE. Es una obligación moral y una responsabilidad legal”, declaró el vicepresidente primero del Ejecutivo comunitario, Frans Timmermans, al defender la propuesta en una rueda de prensa en Bruselas.
Timmermans alertó de las consecuencias si la UE deja de lado la solidaridad y avisó a los Estados miembros de que quien forma parte del bloque “no da la espalda a los problemas del vecino, sino que se comparte el trabajo para una solución común”.
Así, el mecanismo de corrección se activaría al detectar que la llegada de demandantes de asilo supera en un 50 por ciento la capacidad total de un país para atender refugiados, y se pondría en marcha de manera temporal, hasta que las cifras se estabilizaran y la sobrecapacidad se redujera por debajo de ese 50 por ciento.
La clave de reparto para distribuir entre el resto las plazas que un Estado miembro no pueda asumir porque se encuentra bajo una «presión desproporcionada» se calculará en base a la población y al PIB de cada país (al 50% cada factor).
Fuentes comunitarias indicaron que tendrán en cuenta los “esfuerzos” que asuma cada país para dar acogida a refugiados, aunque no aclara la manera. Bruselas contempla que un gobierno pueda rechazar “temporalmente” formar parte de este sistema de emergencia, aunque podría eludir la responsabilidad a cambio de pagar 250.000 euros por cada refugiado que no acepte acoger.
