El ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció ayer que la inyección de capital que autorizará mañana la Comisión Europea (CE) para los bancos nacionalizados -Bankia, CatalunyaCaixa, Novagalicia y Banco de Valencia- ascenderá a 37.000 millones de euros, a los que hay que sumar la cantidad que se dedique a poner en marcha la sociedad de gestión de activos inmobiliarios (Sareb), alrededor de 2.800 millones.
De Guindos eludió aclarar cuántos despidos y cierres de oficina pedirá Bruselas en los planes de reestructuración de estas entidades, pero aseguró que las empresas financieras dispondrán de un plazo de cinco años para aplicar las reducciones de tamaño que exija el comisario de Competencia, Joaquín Almunia.
«Para los bancos nacionalizados -Bankia, Caixa de Catalunya, Novacaixagalicia y Banco de Valencia- la cantidad estará en el entorno de los 37.000 millones de euros», declaró el responsable de Economía a su llegada al Eurogrupo extraordinario consagrado a Grecia.
«Y aparte de eso tendremos la inyección de capital para la participación del FROB (fondo de reestructuración ordenada bancaria) en la sociedad de gestión de activos», agregó.
Sumando estas cantidades y los fondos necesarios para los bancos no nacionalizados, pero que necesitarán ayudas públicas, el mandatario estimó que el importe total del rescate bancario «puede estar alrededor de los 40.000 millones, que es siempre la cifra que hemos estado manejando, lo que supone aproximadamente un 3,5%, un poquito más de lo que es el Producto Interior Bruto (PIB) español».
Por lo que se refiere a los planes de reestructuración de los bancos nacionalizados -que serán aprobados por el comisario de Competencia, Joaquín Almunia- De Guindos explicó que en ellos se establecerá «la senda del exceso de capacidad en un plazo de tiempo relativamente dilatado de cinco años».
El ministro eludió hablar de cifras alegando que «no es el Gobierno español el que lo determina, es la dirección general de Competencia», aunque admitió que los planes ya han sido aprobados por el Banco de España.
En estos proyectos se concretará, indicó, cómo debe hacerse «la conversión de preferentes en diferentes alternativas, lo que se denomina la distribución de la carga».
«Todo sigue según lo que estaba determinado en el MoU (el memorándum de entendimiento que fija las condiciones del rescate bancario) y, evidentemente, creo que no va a haber ninguna sorpresa al respecto», apuntó De Guindos.
Por otro lado, el director general de Servicios Jurídicos del Banco Central Europeo (BCE), Antonio Sáinz de Vicuña, avanzó que el supervisor único bancario europeo tendrá un órgano de preparación de las decisiones y otro de ejecución y que, según el borrador del reglamento en el que actualmente se está trabajando, las decisiones se tomarán por silencio positivo del Consejo de Gobierno.
Durante su intervención en la jornada El sistema financiero español: crisis y reforma, Sáinz de Vicuña resumió los orígenes de la crisis financiera europea y la sucesión de decisiones adoptadas tanto por las instituciones comunitarias como por los Estados miembros para poder llegar a hacerle frente.
Así, señaló que el proyecto de reglamento de la supervisión bancaria única prevé una «separación entre la preparación y la ejecución de las decisiones, culminando en el único medio de decisión que será el Consejo de Gobierno, que será contrarrestado por un órgano en el que habrá representación de los supervisores nacionales, de la CE y de la autoridad bancaria europea.
