La Comisión Europea inició en el día de ayer un procedimiento de infracción contra España por no haber trasladado de manera adecuada a su legislación nacional las normas europeas para proteger “plenamente” al consumidor de las cláusulas abusivas hipotecarias.
La directiva sobre cláusulas abusivas garantiza que el consumidor “no quede vinculado por cláusulas abusivas cuando el contrato no haya sido negociado individualmente”.
Bruselas instó al Gobierno a “poner en consonancia” con el derecho europeo la Ley de Enjuiciamiento Civil que regula la ejecución hipotecaria y las órdenes de pago.
Con este procedimiento, el Ejecutivo comunitario quiere “garantizar que los consumidores están plenamente protegidos” contra las cláusulas contractuales “abusivas”, según informó la institución en un comunicado.
Esta decisión tiene la forma de una carta de emplazamiento que señala las deficiencias y da dos meses de plazo a las autoridades españolas para que ofrezcan una respuesta satisfactoria. De lo contrario, Bruselas podrá enviar un dictamen motivado a España, último paso antes de acudir al Tribunal de Justicia de la UE (TUE).
Bruselas recuerda que, de acuerdo a la norma europea, una cláusula contractual se considera abusiva si causa un desequilibrio importante entre derechos y obligaciones de las partes y es contraria a las exigencias de buena fe.
“Los Estados miembros deben asegurarse de que el derecho nacional facilita los medios efectivos para hacer valer estos derechos y que las empresas dejan de recurrir a tales cláusulas abusivas”, argumentó el Ejecutivo comunitario.
La Comisión valoró los cambios legislativos en el procedimiento civil que introdujo España tras una sentencia dictada por el TUE en marzo de 2013, pero señaló que “siguen preocupando” otras cuestiones ligados con cláusulas abusivas.
