Fue leer en la prensa el nombre del abogado David Puente y al portavoz popular le cambió la cara. «Me quedé sorprendido al ver quien firmaba la carta», dice el portavoz municipal del PP, Jesús Postigo. El líder del PP se refiere a la carta que David Puente envió, en calidad de abogado de la propiedad del polémico edificio de San Marcos, a los medios de comunicación. En esa misiva los dueños del edificio, en construcción, anuncian una demanda contra el portavoz municipal de IU, Luis Peñalosa, que batalla para que el Ayuntamiento y la Junta expropien y derriben el inmueble, situado en la pradera de San Marcos, por su presunto impacto visual.
«En esa carta [Puente] arremete contra el señor Peñalosa, es quien lleva jurídicamente este asunto (…) este abogado está en el despacho donde, en la puerta, el alcalde [Pedro Arahuetes] tiene todavía su placa como letrado», afirma Postigo. Cuidadoso con sus palabras, Postigo se limita a apuntar la «contradicción» que, a su juicio, supone que un «socio o compañero de despacho» del alcalde, en alusión a David Puente, sea quien «arremeta con unas formas bastante duras» contra Peñalosa, socio de gobierno, en este caso, de Arahuetes en el Ayuntamiento.
¿Qué insinúa el portavoz del PP?. ¿Qué Puente y Arahuetes hayan sido amigos y han roto su amistad? ¿Quizá que el propio alcalde haya intervenido y colaborado con Puente en la redacción de la carta para disuadir así a Peñalosa de la expropiación del inmueble?. No es la primera vez que Postigo lanza una insinuación y luego se escuda en que sus palabras «fueron las que fueron».En septiembre, negó que realizara «insinuaciones» sobre un presunto trato de favor del ex concejal Óscar Alonso (PSOE) a una empresa de telefonía con la que mantiene una vinculación laboral. «No son insinuaciones, he dicho lo que he dicho, que es una casualidad», aseguró entonces Postigo.
Postigo había criticado la decisión del equipo de Gobierno de agrupar en un solo contrato los servicios de telefonía fija, móvil e internet; indicando que, por esta circunstancia, solo se habían presentado al concurso dos operadoras. Como quiera, según dijo, que una de ellas incumplía el pliego, el contrato sería adjudicado a Movistar, la antigua Telefónica, que «casualidades de la vida, —afirmó ese día Postigo— es la empresa donde trabajaba y trabaja un concejal del anterior equipo de Gobierno socialista y de quien dependía esta responsabilidad». A preguntas de los periodistas, el portavoz no tuvo ningún reparo en desvelar su identidad: el ex concejal de Empleo, Tecnología y Juventud, Óscar Alonso.
En el caso de San Marcos y la presunta vinculación de David Puente y Arahuetes, Postigo insiste en que «sorprende que quien es el representante legal de la propiedad y firma un escrito en términos muy duros contra Peñalosa sea, a su vez, socio, tenga alguna relación laboral o al menos esté en el despacho donde está la placa [como abogado] de Pedro Arahuetes«.
Lo cierto es que no es la primera vez que desde las filas del PP se relaciona a Puente y Arahuetes. En 2006 Puente interpuso una demanda contra el PP por las manifestaciones realizadas por su presidente, Francisco Vázquez, en las que éste aseguró que el alcalde era socio del abogado segoviano. La representación legal del PP aseguró — en el acto de conciliación, celebrado el 12 de diciembre de 2006 en el Juzgado número 4 de Segovia—, que el alcalde de Segovia figuraba como abogado ejerciente en el listado del ilustre Colegio de Abogados de Madrid con despacho profesional en el mismo domicilio que el abogado David Puente. El PP aseguró entonces que Vázquez utilizó la palabra socio «nunca en el sentido mercantil de la palabra, sino entendida como cualquier persona que comparte algo con otra». Los populares también indicaron entonces que en ningún momento se quiso dar a entender que [Puente] hubiera podido comprar mediante un contrato privado la cartera de clientes del actual alcalde de Segovia.
¿Y comparte Postigo la carta remitida por la propiedad del edificio de San Marcos?. «Creo que el señor Peñalosa ha ejercido su libertad de expresión y creo que ninguna de sus expresiones suponen una infracción legal, al menos desde mi punto de vista», afirma el portavoz del PP. Como se sabe, Peñalosa ha atribuido la posible denuncia contra él en una «táctica del abogado de la propiedad» para «coaccionarle» y que rectifique su posición, a favor de la expropiación y derribo del edificio. ¿El PP es partidario de expropiar el inmueble?. Postigo responde: «hemos pedido información y la estamos analizando».
