El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Segovia, con competencia en Mercantil, ha dictado auto de declaración del concurso de acreedores de la sociedad Hontanilla de Santo Domingo, responsable de una infracción urbanística muy grave por la construcción de apartamentos ilegales en una huerta del valle del Eresma.
El auto tiene fecha de 27 de enero pero el anuncio del juzgado se publicó en el Boletín Oficial del Estado del pasado lunes.
En el mismo, el juez acordó la suspensión e intervención de la administración de la sociedad hasta ese momento y designó como administrador concursal a uno de los abogados de un despacho segoviano, con experiencia en Derecho Mercantil, así como en banca y seguros, y a disposición de los tribunales en esta especialidad desde 2012.
Con la declaración de concurso de acreedores, es previsible que entre estos últimos se encuentre el Ayuntamiento de Segovia, ya que el actual equipo de Gobierno municipal asumió a finales del año pasado la demolición de las construcciones ilegales, con un coste estimado de 60.000 euros, según informó en su momento el concejal de Urbanismo, Alfonso Reguera.
Los responsables municipales señalaron que, aunque el Ayuntamiento asumía de forma subsidiaria el derribo de los miniapartamentos, iban a reclamar a la promotora, Hontanilla de Santo Domingo, por todos los medios a su alcance, tanto el coste de las obras como la sanción impuesta a la misma por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) por las irregularidades urbanísticas.
Reguera indicó en diciembre pasado que si no había más remedio el Ayuntamiento procedería al embargo de los bienes de la sociedad, la propia parcela, sobre la que pesa una hipoteca con Bankia.
“Ellos [Bankia] tendrían una situación prioritaria, pero nosotros vamos a llegar hasta el final”, subrayó en ese momento el edil.
La sentencia del TSJ, de enero de 2013, confirmó la ilegalidad de los miniapartamentos construidos y elevó la infracción a la categoría de “muy grave”, con multas por un valor conjunto de 350.000 euros a esta promotora, al arquitecto y al arquitecto técnico, de los que 250.000 euros corresponden a la citada sociedad.
El Ayuntamiento paralizó las obras en 2006 al detectar la construcción de 46 miniapartamentos —16 ya acabados y otros 30 más en ejecución—aprovechando el espacio interior de unos muros de contención. La parcela está calificada en la normativa urbanística como espacio rústico especialmente protegido y amparado como paisaje pintoresco desde 1947.
