El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, aseguró ayer que el Ejecutivo regional aplicará «en sus justos términos» la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que reconoce la objeción de conciencia a la asignatura Educación para la Ciudadanía a tres alumnos de la Comunidad.
De Santiago-Juárez, quien mostró el «absoluto respeto» al fallo del Tribunal, insistió en que se aplicará la sentencia para tres objetores, si bien no supo precisar si se les dará por aprobada la materia o cómo se llevarán a cabo los términos de la sentencia, dado que no han pasado ni 24 horas desde que se conoció y la Junta se encuentran estudiando los más de 100 folios que la componen.
El consejero de la Presidencia y portavoz aseguró, además, que uno de los alumnos a los que le afecta la sentencia el curso pasado finalmente se incorporó a las clases y logró aprobar. En todo caso, indicó, esta sentencia pone «de nuevo en evidencia el desmarque y la incoherencia» del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que comenzó con la supresión de la Ley de Calidad de la Enseñanza cuando llegó al Gobierno en el año 2004.
«Más tarde, nos metió en este berenjenal e introdujo a capón Educación para la Ciudadanía» y ahora habla de «un gran pacto» para la Educación porque «no saben por dónde salir», ya que el sistema educativo español ha fracasado según todos los informes, en contra del de Castilla y León que funciona «correctamente», dijo.
Lo que menos necesita el sistema, remarcó De Santiago-Juárez, es que «se le tensione» y con esta asignatura se ha hecho. No obstante, quiso tranquilizar a los padres de alumnos de Castilla y León porque el Decreto que regula la asignatura en la Comunidad la ha descargado de toda la ideología.
Finalmente, el consejero portavoz consideró que «sería bueno» que el Tribunal Constitucional dictara pronto una sentencia para «corregir» las distintas manifestaciones de otros tribunales territoriales.
