La existencia de 3.600 consultorios locales que forman el entramado del sistema sanitario en el medio rural podrían desaparecer si el proyecto de ley de reforma local se aprueba sin modificaciones en el Congreso de los Diputados. El portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, lanzó ayer esta advertencia al explicar que continúan las negociaciones con la dirección del Grupo Parlamentario Popular para introducir enmiendas a un texto que «gusta poco o casi nada» al Gobierno autonómico y es «poco sensible» con las características territoriales de la Comunidad.
De Santiago-Juárez, que garantizó trabajar «hasta el último minuto» para que el proyecto de ley incluya los planteamientos de la Junta, insistió en que la construcción, el mantenimiento y la conservación de los consultorios locales debe continuar como competencia municipal. El portavoz explicó que ahora no supone ningún gasto para los ayuntamientos el mantenimiento de los 3.600 locales, ya que son atendidos por concejales, alguaciles o voluntarios de manera altruista, mientras que alertó que su traspaso a la Junta supondría un gasto anual de 30 millones de euros.
El consejero de la Presidencia y portavoz reconoció que, en el caso de que pudieran cerrarse todos o la mayoría de los consultorios rurales, la responsabilidad sería de «quien cambia la ley o de quien no quiere mantener esas funciones», aunque también reiteró que es optimista y hasta el 22 de octubre está abierto el plazo de presentación de enmiendas al proyecto de ley.
«Puedo entender el descontento porque estén mal financiadas, pero no puedo entender que los municipios se quieran quitar servicios cuando están para prestarlos. Cómo se pueden alegrar de que les quiten competencias», se preguntó el portavoz.
José Antonio de Santiago-Juárez manifestó que la Junta tiene la obligación de prestar el servicio sanitario y ello se realiza a través de los centros de salud, de lo que «no se cerrará ninguno», pero que se optó por extender la asistencia mediante consultorios para facilitar la cercanía ante las características demográficas.
«Esto que es facílisimo de entender, les cuesta hacerlo a algunos de Castilla y León», manifestó el portavoz en referencia al popular Martínez Maillo, presidente de la Diputación de Zamora y vicepresidente de la FEMP, quien declaró a una emisora de radio que ojalá «no tengan fruto las enmiendas presentadas por la Junta».
Finalmente, el consejero recordó que los esfuerzos del Ejecutivo autonómico también se centran en que los Ceas mantengan los servicios sociales de proximidad, mientras se amplíe el plazo a cinco años para el traspaso de los residenciales. Igualmente, reclaman más plazo para que las entidades locales menores presenten sus cuentas.
