Dicen que las estadísticas, como el algodón, no engañan, pero todo el mundo sabe que son interpretables y utilizadas para justificar o criticar medidas económicas y laborales, lo que ocurre cada vez más a menudo porque, además, en los últimos meses, los datos económicos y sociolaborales dan una de cal y otra de arena. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) elabora informes trimestrales con estadísticas sobre los efectos de la crisis en los tribunales. Con relativa tardanza ha publicado los datos del segundo trimestre, que en el caso de Segovia reflejan, en general, una reducción en el número de asuntos, como son las ejecuciones hipotecarias y los despidos de trabajadores recurridos en el Juzgado de lo Social, pero que alcanzan todavía cifras muy elevadas si se compara con los años anteriores a la recesión.
En el caso de las ejecuciones hipotecarias presentadas ante los juzgados de primera instancia de Segovia el citado informe indica que desde 2008 suman un total de 1.320, destacando las 342 del año 2012.
En el primer semestre de este año han sido 104, por lo que si la evolución está siendo similar desde el verano la cifra final anual podría ser inferior a la del total del año pasado, 231. Sin embargo, hay que recordar que en el año 2007 únicamente hubo 44 ejecuciones hipotecarias.
Conviene aclarar que la ejecución hipotecaria se produce cuando el titular del crédito hipotecario no paga las correspondientes cuotas durante tres o seis meses, según los casos, por lo que la entidad financiera remite al juzgado una demanda para que se rompa el contrato de préstamo y, asimismo, reclama el montante total del crédito a un interés que ronda de media el 20 por ciento. Si el propietario y sus avalistas no pueden hacer frente a esa cantidad reclamada, el inmueble es subastado.
No se trata, en definitiva, de desahucios en sí. De hecho, el término jurídico para el desalojo de los residentes de una vivienda por orden judicial se denomina lanzamiento, pero se ha generalizado el uso de desahucio, tanto en los impagos del alquiler a un arrendador como en los derivados de ejecuciones hipotecarias.
En Segovia, hasta el mes de julio se han contabilizado 74 lanzamientos este año, exactamente los mismos que en el primer semestre de 2013. De ellos, 41 han sido consecuencia de una ejecución hipotecaria, cifra que llama la atención, ya que son solo diez menos que en todo el año pasado. Sí se ha producido un descenso significativo de los lanzamientos derivados del incumplimiento de la Ley de arrendamientos urbanos (principalmente por alquileres impagados), 29 en los seis primeros meses de este 2014, mientras que en el anterior ascendieron a 68. Por otras causas —laudos arbitrales, procesos de familia, etc.— únicamente se han contabilizado cuatro lanzamientos en el primer semestre, uno menos que en el mismo periodo de 2013.
Por otra parte, hay que advertir que la estadística del CGPJ sobre ejecuciones hipotecarias no distingue tipos de inmuebles, por lo que incluyen segunda vivienda, locales comerciales, etc.
Desde 2013 el Banco de España publica información sobre estos procedimientos, a nivel estatal. De sus datos se deduce que los desahucios ejecutados de viviendas habituales no llegan al uno por ciento del total de hipotecas, aunque la cifra a nivel nacional es bastante elevada, 12.434, en el primer semestre de este año, en 13 ocasiones con intervención de las fuerzas del orden y en 1.248 cuando la vivienda no había sido desocupada voluntariamente por sus residentes. En el mismo periodo se produjeron otras 7.131 entregas voluntarias, que la mayor parte, 5.761 casos, daciones en pago.
El único Juzgado de lo Social de Segovia ha registrado en los últimos años un crecimiento muy elevado del número de asuntos, lo que ha motivado que la titular tuviera que ser auxiliada por otro magistrado para poder resolverlos en plazos más o menos razonables. El último informe del Poder Judicial recoge los despidos que han motivado recursos ante este juzgado, como las reclamaciones económicas de trabajadores por diferentes motivos, incluyendo las causas de responsabilidad civil por incumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad Social, recargo por omisión de medidas de seguridad e higiene en el trabajo, tercerías en ejecución de sentencias y sanciones disciplinarias.
Desde 2008, inclusive, este juzgado ha recibido 1.732 asuntos por despidos y 2.805 reclamaciones de cantidades. En el primer caso, durante el primer semestre de este año fueron 106. En contraposición, en todo 2007 sumaron 151, pero en 2013 y 212 se superaron los tres centenares en cada ejercicio. En cuanto a las reclamaciones de cantidades, el CGPJ sólo ha ofrecido datos del primer trimestre, con un total de 147, por encima del mismo periodo de 2013.
