El final definitivo de ETA continúa en el aire. Y, de hecho, parece que sigue estando lejano, mucho más teniendo en cuenta las estimaciones de las Fuerzas de Seguridad, que sospechan que la banda terrorista podría estar recibiendo donaciones económicas voluntarias procedentes de simpatizantes de su entorno, una fuente de financiación que siempre había sido secundaria para la organización, pero que podría seguir vigente en la actualidad, según informaron ayer expertos de la lucha antiterrorista.
Estas mismas fuentes diferencian entre estas aportaciones de carácter libre y de menor cantidad que las importantes sumas de dinero que reportaba el llamado impuesto revolucionario. La extorsión, junto al cobro por secuestros, ha figurado históricamente como el principal foco de recaudación terrorista, pero, actualmente, no existe ningún elemento para pensar que estas prácticas sigan existiendo, aclararon los especialistas.
Los expertos no obvian que la organización criminal aún mantiene un remanente de dinero cosechado antes de decretar su alto el fuego «permanente general y verificable» de enero de 2011, que suponía poner fin a la extorsión. No obstante, creen que esa economía debe complementarse de alguna manera y sus indicios apuntan a que estos donativos estarían jugando un papel destacado en la actualidad.
La vía de las concesiones no es un fenómeno nuevo y, ya en el pasado, la organización lo compaginaba con otras formas de financiación. En 2008, entre la documentación encontrada al que fuera jefe de la banda, el recientemente fallecido Javier López Peña, alias Thierry, apareció una de estas cartas en las que ETA se dirigía a sus simpatizantes en un tono muy distinto al que usaba en sus misivas de chantaje.
Una de estas misivas solicitando una donación sirvió para juzgar por colaboración con banda armada a las hermanas Blanca Rosa y María Isabel Bruño Azpiroz, quienes llegaron a pagar 6.000 euros a los criminales. En el informe elaborado al respecto por la Guardia Civil se destacaba «la especialidad» del escrito.
El Instituto Armado subrayaba que «es un documento personalizado, siendo diferente al introducir dos párrafos con un mensaje político, agradeciendo expresamente a las acusadas la contribución realizada».
En concreto, los terroristas llegaban a decirles que «tienen las puertas abiertas para tratar tanto sobre la ayuda económica, como cualquier otro tema relacionado con la lucha de liberación de Euskal Herria». «Recibid nuestro cordial saludo, quedamos a la espera de nuevas colaboraciones», zanjaba el texto.
Las finanzas de ETA siempre han sido muy difusas para los investigadores, que se topan con obstáculos para conocer la cifra negra de las cuentas de la banda. Advierten de la dificultad de saber con exactitud las aportaciones que realizan sus simpatizantes o el número de cartas de extorsión que remitían en el pasado y aquellas que finalmente eran correspondidas e, incluso, las cantidades definitivas, dado que en muchos casos se terminaban negociando.
No obstante, otras fuentes consultadas explicaron que los criminales necesitan alrededor de medio millón de euros al año para subsistir con las estructuras con las que cuentan en la actualidad, año y medio después de su declaración de cese definitivo de sus actividades.
Atribuían esta capacidad económica de la banda a cuantiosos pagos realizados por algunas grandes empresas, antes de que los terroristas declarasen su alto el fuego «general».
Solo uno de los abonos efectuados en los últimos años por una de estas grandes compañías ya supuso hasta el 20 por ciento de lo que necesita ETA para mantenerse durante un año. En el pasado, la organización requería al menos cinco millones de euros anuales para mantener a todos sus comandos y estructuras.
Piden 10 años de cárcel por el ‘chivatazo’.- La asociación Dignidad y Justicia (DyJ) solicita penas de nueve y 10 años de cárcel, respectivamente, para el inspector José María Ballesteros y el exjefe superior de Policía en el País Vasco Enrique Pamies por colaborar con ETA en el chivatazo al aparato de extorsión de la organización que se produjo el 4 de mayo de 2006 en el bar Faisán de Irún (Guipúzcoa).
En un escrito, el colectivo de víctimas del terrorismo reclama a la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que juzgará estos hechos, que condene a los dos mandos policiales por un delito de colaboración con organización terrorista y otro de relevalción de secretos con grave daño para la causa pública.
Se trata de la petición más alta presentada por las tres acusaciones que participarán en el juicio. La Fiscalía exige dos años de prisió por revelación de secretos, mientras que la AVT reclama ocho años de reclusión.
