La Policía Local realizó un total de 147 intervenciones en 2011 por quejas ciudadanas en relación al exceso de ruidos. La media es de 12 intervenciones al mes; salvo en abril, cuando las actuaciones se elevaron a 21. La mayoría de las actuaciones obedecen a quejas de ciudadanos molestos con un ruido excesivo en viviendas vecinas —por el volumen excesivo del televisor, una fuerte discusión o la celebración de una fiesta—, que los agentes suelen resolver con su mera presencia y mediación. El menor número de reclamaciones se corresponden con denuncias por un emisor fijo de ruido —un aparato de aire acondicionado, un congelador, o una discoteca—. En estos casos, se requiere a la Policía Local para que realice la correspondiente medición. Solo el 10% ofrecen resultado positivo; esto es, revelan niveles de contaminación acústica superiores a lo permitido, según explicó ayer el concejal de Tráfico y Policía Local, Alfonso Reguera.
El ‘ruido’ o contaminación acústica fue tema de debate en el último pleno del Ayuntamiento. El PP recibió el apoyo de IU y el pleno aprobó una moción de los populares para que el Ayuntamiento adoptara “medidas” y buscase “soluciones inmediatas” para procurar el descanso de los vecinos. Azucena Suárez (PP) apuntó que el ruido es el contaminante ambiental que más sufrimiento ocasiona a los ciudadanos y acusó al Gobierno municipal “de hacer oídos sordos” a su obligación de aplicar la ley regional del ruido, aprobada hace dos años. Suárez recordó que el Ayuntamiento está obligado a elaborar un mapa de ruido y adaptar la ordenanza a la ley regional.
Reguera explicó que la ley regional, que se aprobó en agosto de 2009, concede tres años a los ayuntamientos para adecuar sus ordenanzas a la norma regional. El Ayuntamiento de Segovia, según el concejal, contará antes de la fecha límite —el próximo mes de agosto— con la nueva ordenanza.
Ante la ‘complejidad’ de la ley —que contempla no solo el ruido en la calle sino, por ejemplo, la insonorización de los edificios— la Junta prometió que remitiría una ‘ordenanza tipo’ a los ayuntamientos para que tomasen este documento como modelo “pero no ha hecho nada en este sentido”, dijo el concejal.
Por otra parte, pese a que los ayuntamientos, con más de 20.000 habitantes, deben realizar los ‘mapas de ruido’, este documento “ya lo está haciendo la Junta” por lo que “no tiene sentido que hagamos otro paralelo, porque sería duplicar costes”. De hecho, el martes varios técnicos del Ayuntamiento participaron en una reunión en Valladolid en relación al ‘mapa de ruido’ que está elaborando la administración regional.
Figuras de protección
La ley regional establece, según explicó Reguera, una serie de ‘figuras de protección’ que deberán plasmarse en la ordenanza; y que podrán concretarse con precisión con el análisis que aporte el ‘mapa de ruido’ sobre las zonas de mayor contaminación acústica. Estas figuras son la CPAE (Zonas de Protección Acústica Especial); la ZFAE (Zonas de Situación Acústica Especial) y las ZAS (Zonas Acústicamente Saturadas); caso, por ejemplo, de la conocida como “Calle de los Bares” y algunas zonas del barrio de San Millán. Con la calificación de ZAS el Ayuntamiento impediría la apertura de establecimientos que supusieran incremento acústico.
