La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional inició ayer una nueva fase de la denominada ‘operación EDU’ que estaría investigando el fraude masivo en la concesión de subvenciones para cursos de formación en Andalucía. Fuentes de la investigación informaron a Europa Press de que se prevén en torno a 140 arrestos en todas las provincias andaluzas en el marco de esta nueva fase denominada ‘Operación EDUende’. Además de empresarios, en esta ocasión las detenciones podrían afectar por el momento a cargos de la Administración acusados directamente de ser responsables de la concesión de las subvenciones.
El operativo se inició ayer, pero se extenderá a lo largo de casi todo lo que resta de mes de junio. Entre los arrestados habría directores, jefes de servicio y jefes de departamento del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de Granada, Jaén, Málaga, Córdoba y Almería. También van a ser detenidos numerosos funcionarios de esas cinco provincias. En esta rama del operativo se esperan en torno a 40 detenciones que tendrán lugar entre hoy, mañana y pasado, indican las mismas fuentes consultadas.
Por su parte, en Sevilla y en Huelva también se van a practicar en torno a un centenar de arrestos durante las próximas dos semanas. En este caso se trataría sobre todo de empresarios que se beneficiaron de la concesión de esas subvenciones públicas de manera fraudulenta. La mayoría de estas empresas recibía concesiones entre 60.000 y 200.000 euros y la UDEF estimando que el dinero total defraudado podría ascender hasta los 3.000 millones de euros en este caso.
Entre los implicados en la rama de la operación que afectaría a Huelva y Sevilla se encontraría de nuevo implicado el empresario y ex consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, Ángel Ojeda, quien ya fue detenido en agosto del año pasado en Cádiz. Por el momento Ojeda no fue arrestado otra vez, pero las fuentes consultadas no descartarían que su detención se produzca en los próximos días ya que las razones por las que se le estaría investigando afectaría a otras actividades presuntamente ilícitas que hasta ahora se desconocían y que se extienden por varias provincias andaluzas en este sentido.
Pese a ser detenido en Cádiz el Juzgado de esa provincia se inhibió en favor de la investigación que estaría llevando la jueza Mercedes Alaya en Sevilla, que en septiembre le imputó por dos presuntos delitos, uno continuado de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos. Desde el inicio de las investigaciones la estrategia ha sido buscar desde abajo.
