La lucha contra ETA no descansa, a pesar de los comunicados y de presiones de algunos partidos, mediadores e incluso terroristas. Agentes de la Policía Nacional desplegaron a lo largo de la madrugada de ayer una operación contra Askapena, organización del aparato internacional del entorno etarra, en la que fueron detenidas siete personas en Vizcaya -Getxo y Barakaldo-, Vitoria y Pamplona.
En la capital alavesa, los agentes apresaron al presunto cabecilla del grupo, el suizo Walter Wendelin, quien ya fue detenido en Venezuela en marzo -lo que aviva las tesis de la connivencia de Chávez con los asesinos- y entregado a Francia, donde finalmente quedó en libertad.
Los arrestados forman parte de Askapena desarrollando funciones dentro del aparato internacional del entorno de ETA. Operaban en diversos países de Europa, Centroamérica y Sudamérica recabando apoyos para la causa terrorista, estrechando lazos con movimientos afines o sirviendo de altavoz a terroristas huidos. Su misión es la de llevar lo que ellos denominan el conflicto vasco fuera de las fronteras españolas. En concreto, se les acusa de un delito de integración en banda armada.
La operación, iniciada pasadas las 01,30 horas -y al cierre de esta edición continúa abierta-, está dirigida por el juez Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz.
Las reacciones no tardaron en llegar. La más furibunda fue la de Aralar, que exigió la «inmediata» puesta en libertad de los presuntos delincuentes «para no poner piedras en el camino». El resto de partidos del arco parlamentario reaccionó de manera muy positiva -PNV y EA evitaron pronunciarse-, y el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, destacó que existen conexiones entre los arrestados de Askapena y las FARC. De hecho, el rostro de Wendelin, considerado por algunos expertos antiterroristas como representante de Batasuna en América Latina, apareció en una fotografía que se encontraba en uno de los tres ordenadores hallados al portavoz internacional del grupo terrorista colombiano, Raúl Reyes, tal y como informó en marzo de 2008 el diario El tiempo.
Mientras la Policía cumple con su obligación, la Justicia española no cede un ápice -aunque a veces, como el lunes, permita homenajes a etarras fusilados durante el franquismo-. Así, la Audiencia Nacional condenó a 14 años de prisión a Segi Oier Urrutia, que admitió haber hecho un esquema de un artefacto explosivo de «borrachera» para «hacer el tonto» en su bar de Vitoria que regentaba en 2009. No obstante, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos volvió a dar oxígeno a los asesinos al condenar al Estado a indemnizar con 23.000 euros al preso de ETA Mikel San Argimiro Isasa, por no investigar los supuestos malos tratos que habría sufrido durante su detención.
