La Policía turca detuvo ayer a 24 ejecutivos de la compañía operadora de la mina de Soma, en el marco de la investigación del accidente que se cobró la vida de más de 300 mineros esta semana. De los arrestados, cinco pasaron a disposición judicial para responder ante los magistrados sobre su papel en el mayor desastre industrial de la historia del país.
Todos ellos son sospechosos de negligencia en relación al accidente, que ocurrió el martes pasado debido a una explosión y un posterior fuego en el interior de la mina. La prensa local estimó que el número de capturados podría aumentar en los próximos días. Entre ellos se encuentra Ramazan Dogru, el director general de Soma Holding, quien fue interrogado la por fiscalía turca, sin que, al cierre de esta edición, se conociera su testimonio.
Las operaciones de rescate de los cadáveres en la galería, situada al oeste de Turquía, terminaron el pasado sábado, tras detectar los dos últimos cuerpos de trabajadores que faltaban por recuperar. En total, han sido 301 los fallecidos por la tragedia.
Además, unidades de comando de la Policía fueron enviados a Soma desde tres provincias turcas para reforzar a las Fuerzas de Seguridad que controlan las entradas a la ciudad minera.
Periodistas expulsados
Todo tipo de protestas en Soma fueron prohibidas a decisión del Gobierno de Manisa. También los periodistas fueron expulsados de los entornos del lugar, cuyos accesos fueron cerrados después de terminar las obras de rescate. Solo los inspectores y fiscales que investigan el accidente tienen ahora permiso para entrar a las proximidades de la mina.
Los jefes de Soma Holding, la compañía que gestionan las instalaciones desde su privatización en 2005, negaron categóricamente que se hubieran cometido errores de negligencia y que no se cumpliesen todas las normas.
Por su parte, el Ejecutivo turco aseguró que en los últimos dos años, la galería se había inspeccionado 16 veces, sin encontrarse motivos para cerrarla. Pero varios ingenieros denunciaron que las inspecciones de seguridad se privatizaron y que el control público en los espacios privados es «cero».
Según un estudio del Colegio turco de Ingenieros, la tasa de accidentes mortales en las minas no públicas del país eurasiático es seis veces mayor que en las de gestión gubernamental. De media mueren 6,5 empleados por cada millón de toneladas de carbón extraído en Turquía, una tasa seis veces mayor a la de China, 30 veces superior a la de India y Sudáfrica.
Un importante sector sindical acusa por eso a las autoridades lideradas por Erdogan de ser culpable del desastre por la privatización de recursos y servicios públicos. Desde la llegada al poder del partido de Justicia y Desarrollo (PJD) en 2002, Turquía ha hecho esta conversión en compañías por valor de 50.000 millones de euros.
