La ruptura de las negociaciones entre Gobierno, empresarios y sindicatos para consensuar las necesarias reformas laborales que permitan capear la dramática situación del mercado de trabajo no solo parece definitiva, sino completamente irreversible.
De hecho, tras escuchar las palabras del presidente Zapatero, que el viernes certificó la defunción del pomposamente denominado diálogo social, cuyo fracaso achacó por entero a la patronal, resulta muy difícil encajar los lamentos que ayer emitieron al unísono todos los dirigentes de la CEOE. Según los empresarios, lejos de tener ellos la culpa del portazo, toda la responsabilidad corresponde al Ejecutivo, que, en su opinión, habría malinterpretado sus pretensiones y que, por tanto, les critica sin razón alguna.
De hecho, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Gerardo Díaz Ferrán, llegó a acusar ayer al Ministerio de Trabajo de mentir, y aseguró que la organización que lidera nunca ha pedido el despido libre, ni que los trabajadores pierdan la protección judicial tras un despido.
Asimismo, sostuvo que no es cierto que la patronal quiera «poner en riesgo las pensiones», y apuntó que lo que verdaderamente las deja «en peligro es tener muchos parados, porque no cotizan a la Seguridad Social».
A juicio de Díaz Ferrán, el «problema» de la negociación es que las «líneas rojas» que se han marcado las han impuesto los sindicatos. «Tenemos la sospecha de que el inquilino de Moncloa está influenciado por las centrales», resumió antes de aseverar que ha sido el Ejecutivo quien se ha levantado de la mesa del diálogo social y no la CEOE.
De ahí que anunciara que propondrá al consejo directivo de la organización empresarial que en septiembre se vuelva a convocar a las partes para intentar retomar las negociaciones.
No parece que tal circunstancia sea posible salvo que se produzca un cambio copernicano en las posiciones, puesto que el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, reiteró que las reclamaciones de los patronos -rebajar cinco puntos sus cotizaciones a la Seguridad Social y flexibilizar el despido- son del todo inasumibles.
El socialista defendió que el Gabinete tiene la obligación de «velar» por la protección de los trabajadores y la «buena salud» de las cuentas públicas. Además, en clara contradicción con Díaz Ferrán, reiteró que la ruptura no es responsabilidad del Gobierno, sino de la CEOE, «cuya actitud ha dejado mucho que desear».
Quienes parecen haber salido inmaculados del trance son los sindicatos. De hecho, el jefe de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, se permitió el lujo de hablar de la situación como si fuera un analista más, con absoluto desapego por la polémica.
A juicio del líder de Comisiones, es «normal» que el Gobierno legisle por su cuenta a falta de acuerdo, aunque, eso sí, dijo preferir las iniciativas que se toman «bajo consenso».
