Durante casi dos meses, los alcaldes de los 2.248 municipios de Castilla y León han tenido ocasión de formular cuantas sugerencias y alegaciones al nuevo modelo de ordenación han considerado oportunas, según el compromiso adquirido por el consejero José Antonio de Santiago-Juárez, en una de las múltiples reuniones celebradas con alcaldes para explicar las características del proyecto. Sin embargo, no ha sido esta la primera ocasión en que los alcaldes han tenido opción de conocer de cerca y opinar sobre el modelo.
El pasado 26 de julio se puso a disposición de todos los ciudadanos -en el nuevo portal de Gobierno Abierto de la Junta- la propuesta de la distribución de materias, competencias y funciones de las corporaciones locales que resultarían de la aplicación del nuevo modelo de ordenación promovido por el Ejecutivo autonómico. Los representantes de todos los municipios han dispuesto, a lo largo de estos dos últimos meses, de un tiempo de estudio y análisis del modelo y, tras la ronda de reuniones por todas las provincias, un nuevo tiempo para pronunciarse sobre el modelo.
Según fuentes de la Consejería de la Presidencia, ya se han recibido cerca de 400 aportaciones por parte de los municipios que, en los próximos días, se valorarán para continuar avanzando en la definición de la ordenación del territorio que el Ejecutivo impulsa para Castilla y León.
Desde la Consejería de Presidencia se considera difícil encontrar un proyecto que haya sido sometido a un proceso de participación tan amplio, durante más de un año, llegando a todos y cada uno de los 2.248 municipios de la Comunidad, a través de más de 150 reuniones. «La ordenación del territorio es un proyecto de Comunidad y eso explica el importante esfuerzo que, sin precedentes, están realizando todos los implicados en el proceso».
Primeros trabajos
Abordar un nuevo modelo de ordenación del territorio para Castilla y León surgió como consecuencia de las aportaciones de más de 140 colectivos que participaron en la elaboración de la Agenda para la Población, durante la primavera de 2010. Una vez aprobada la Agenda, el Consejo para la Población -en el que están presentes organizaciones sociales y económicas, grupos políticos y la administración local- encomendó a un grupo de expertos dependiente de la Consejería de la Presidencia la elaboración de una propuesta para impulsar un nuevo modelo de ordenación territorial.
La iniciativa se presentó en un seminario abierto a toda la sociedad, celebrado en marzo de 2011. Allí, los responsables de Presidencia insistieron en que el modelo se basa en una serie de premisas: mantenimiento de todos los municipios, refuerzo de las diputaciones, impulso de asociaciones voluntarias de municipios en mancomunidades de interés comunitario -evitando en todo caso la creación de nuevas estructuras administrativas- permitiendo que a través de estas mancomunidades los municipios ganen en eficiencia en la prestación de servicios que tienen encomendados por ley, y supresión de duplicidades y competencias impropias.
Según la propuesta planteada, las asociaciones voluntarias de municipios, además de dedicarse a la prestación de servicios, serían las nuevas unidades básicas de ordenación del territorio que conforman la base de la planificación futura de los servicios que la Junta de Castilla y León presta en el territorio. En ese seminario se planteó como posible nombre de dichas agrupaciones la denominación de ‘mancomunidades de interés comunitario’ -MIC- o ‘distritos de interés comunitario’’.
El Partido Popular apoyó la propuesta desde el primer momento y la incorporó a su programa electoral autonómico y municipal. Después, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en su discurso de investidura celebrado el 23 de junio de 2011, se comprometió a impulsar el nuevo modelo de ordenación del territorio, buscando un gran Acuerdo Político y Social en el primer año de legislatura. El presidente apuntó que, posteriormente, el modelo se plasmaría en una Ley de Gobierno, Ordenación y Servicios en el Territorio.
