Todos los grupos parlamentarios de la oposición se unieron ayer para suscribir un recurso de inconstitucionalidad contra la prisión permanente revisable incluida en el nuevo Código Penal que hoy entra en vigor, al entender que se trata de una pena “inhumana”, “populista” y caracterizada por su “inseguridad jurídica”.
Diputados del PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD y Compromís junto a nacionalistas catalanes (de CDC y de UDC), vascos (PNV), canarios (Nueva Canarias) y gallegos (BNG) estamparon sus rúbricas en el recurso que fue anunciado en el Congreso de los Diputados, antes de ser presentado ante el Tribunal Constitucionalpara presentar el recurso que pretende parar la ley.
El secretario general del Grupo Socialista, Miguel Ángel Heredia, advirtió de que el nuevo texto penal “no se va a aplicar nunca en nuestro país” y que “en cuanto Mariano Rajoy salga del Gobierno habrá una nueva mayoría” que lo derogará.
A su juicio, existen “motivos más que de sobra” para cuestionar una docena de artículos relativos a esta “cadena perpetua”, que chocan “frontalmente” contra cuatro preceptos de la Constitución: la prohibición de penas inhumanas o degradantes (artículo 15), los principios de seguridad jurídica, libertad y legalidad (9,17 y 25.1) y la reinserción social a la que deben orientarse las penas (25.2).
Para el parlamentario de la Izquierda Plural José Luis Centella, el PP abrió un “debate peligroso” al apostar por un “Estado autoritario” y por medidas que se revelan “ineficaces” para combatir el terrorismo y la delincuencia.
El diputado de UPyD Rafael Calduch apuntó que España es uno de los pocos países occidentales que obliga a cumplir íntegramente las penas a los terroristas, pero que con la reforma “cabría la paradoja de revisar sus penas” antes de que las cumplan en su totalidad. “Es un sinsentido. Queremos evitar que las víctimas de graves delitos vean salir a la calle a los causantes de su dolor, como ocurrió con la Parot”, añadió.
Desde CDC, Carles Campuzano dijo que toda la oposición “dio la batalla” en el trámite parlamentario y, ahora, la dará en el Alto Tribunal contra este “populismo penal” y “error político” del Ejecutivo.
El diputado Antoni Picó, de UDC, mostró también su “radical” oposición a una ley que “endurece” las penas con “matices ideológicos” e “incertidumbre”, puesto que un condenado sabrá cuando entra a la cárcel pero no cuando sale, pudiendo estar hasta el momento de su muerte.
Por parte del PNV, Aitor Esteban epusó que existen “poderosas” razones para recurrir la “cadena perpetua encubierta”. «El PNV no quiere un modelo penal tipo EEUU. no tiene sentido desde la seguridad jurídica».
Finalmente, el diputado de Compromís Joan Baldoví hizo un llamamiento a que el espíritu de consenso entre los grupos continúe en la próxima legislatura, mientras que Olaia Fernández, de BNG, destacó que “es la única legislatura desde 1977 que los grupos se únen tanto contra leyes del Gobierno, que son injustas”.
