La oposición israelí decidió adoptar tras las últimas elecciones legislativas una política agresiva ante la debilidad del Gobierno de coalición, que cuenta con 61 de los 120 escaños de la Knesset, prometiendo llevar a votación diversas propuestas con el objetivo de intentar tumbar el Ejecutivo que encabeza Benjamin Netanyahu.
El escaso margen obtenido por la unión del partido del primer ministro, el Likud, y las formaciones Kulanu, Casa Judía, Judaísmo Unido de la Torá y Shas llevó a la oposición, encabezada por la Unión Sionista, a buscar el fin del Gobierno para no alargar una situación que describen como “altamente inestable y disfuncional”.
Por ello, fuentes del Partido Laborista, integrado en la Unión Sionista, apuntaron que estas votaciones tendrán lugar “cada semana”, lo que forzará a los diputados gubernamentales a estar siempre presentes en las mismas, limitando y casi eliminando la opción de que los ministros y Netanyahu realicen viajes oficiales al exterior.
La inestabilidad del nuevo Ejecutivo se vio reflejada desde las mismas negociaciones de coalición, cuando cada partido e incluso cada diputado, plantearon una serie de condiciones a Netanyahu para mantener su participación en el débil Gobierno.
En este sentido, fuentes de Yesh Atid, una formación surgida en 2012 y centrada en asuntos socioeconómicos, cargaron contra Netanyahu por permitir que su agenda sea secuestrada por los partidos ultraortodoxos y ultranacionalistas, en referencia a Shas, Judaísmo Unido de la Torá y Casa Judía, que se hizo con tres importantes Ministerios (Justicia, Educación y Agricultura).
El partido, que participó en la anterior coalición con el Likup tras cosechar unos muy buenos resultados al canalizar el sentimiento de protesta de las manifestaciones registradas en Tel Aviv en 2011, vio reducidos sus apoyos debido al surgimiento de Kulanu, una nueva formación centrada casi en exclusiva en reclamaciones de carácter económico y la situación de la clase media del país.
