Miles de opositores al jefe del Ejecutivo egipcio, Mohamed Mursi, se acercaron ayer hasta el Palacio Presidencial para exigir al dirigente que retire el decreto aprobado hace dos semanas con el cual amplió sus poderes y provocó una profunda crisis en el país.
Los manifestantes protagonizaron diversos enfrentamientos con las Fuerzas de Seguridad, que llegaron a usar gas lacrimógeno para impedir que pudieran asaltar la residencia del mandatario, y que se saldaron con al menos ocho heridos.
En previsión de estos incidentes, Mursi optó por abandonar el palacio momentos antes de que la multitud llegase hasta su vivienda.
La movilización fue presentada por los organizadores como una «última advertencia» contra Mursi. Con gritos de «¡Lárgate!» o «El pueblo quiere la caída del régimen», las mismas proclamas que se escucharon en la revuelta que derrocó a Hosni Mubarack en 2011, los congregados, algunos de los cuales llegaron a saltar el cordón policial, ondeaban banderas en las que aparecían frases escritas como No a la Constitución.
Los convocantes de la marcha, un total de 18 agrupaciones y partidos opositores a los gobernantes Hermanos Musulmanes, acusan a Mursi de «promover una nueva dictadura» a través de la Carta Magna que ha redactado la Asamblea Constituyente -de mayoría islamista- y pretenden que se suspenda el referéndum que el próximo 15 de diciembre convocará a los ciudadanos a decidir sobre el futuro de la ley de leyes.
El boicot también está secundado por los jueces del Tribunal Constitucional, que se declararon en huelga el pasado fin de semana después de que cientos de seguidores del presidente rodearan la corte e increpasen a los magistrados.
El primer ministro egipcio, Hisham Kandil, confió en que «las cosas se calmen en cuanto se complete la consulta» constitucional. Para el premier, tecnócrata con afinidad islamista, la Carta Magna, que impone la sharia (ley islámica) como principal fuente de legislación «no es de ninguna manera un texto perfecto», pero es el resultado del «consenso de la mayoría».
