Una comisión de investigación de Naciones Unidas denunció que el “exterminio” de detenidos se ha convertido en una política de Estado para el régimen de Bashar al Assad y reclamó sanciones ante unos hechos que considera constitutivos de crímenes contra la Humanidad. El grupo de expertos, encabezado por Paulo Pinheiro, analizó hechos ocurridos entre el 10 de marzo de 2011 y el 30 de noviembre de 2015, prácticamente la totalidad del conflicto. Para elaborar su informe, que estudia la situación de las personas detenidas por los distintos bandos, hablaron con 621 supervivientes y testigos, así como recogido pruebas.
La Comisión de Investigación para Siria estableció que “durante los últimos cuatro años y medio, miles de detenidos han muerto cuando estaban bajo custodia de las partes en conflicto”, tanto de grupos yihadistas como Estado Islámico y el Frente al Nusra, como del régimen sirio. Pinheiro explicó que la mayoría de las víctimas son civiles varones y advirtió de que las instalaciones donde el Gobierno estaría reteniendo a los presos continúan fuera del alcance de la ONU, a pesar de las reiteradas peticiones a este respecto.
“Los asesinatos y muertes descritos en este informe tuvieron lugar con mucha frecuencia, durante un largo periodo de tiempo y en distintas localizaciones, con un apoyo logístico significativo que implica vastos recursos del Estado”, reza el informe, que equipara estas tácticas con un “exterminio” y, por extensión, con un “crimen contra la Humanidad”.
Los expertos detectaron “ataques sistemáticos y extendidos contra la población civil”, principal perjudicada de un conflicto que ya se ha cobrado la vida de más de 250.000 personas desde su inicio, hace casi cinco años. Los investigadores aseguraron que decenas de miles de detenidos se encuentran retenidos por las fuerzas leales al régimen y miles más habrían “desaparecido” tras casos de reclusión o secuestro atribuibles a distintos bandos.
En el caso de las fuerzas del régimen, los expertos de la ONU se mostraron especialmente preocupados por las tácticas de abusos sobre los civiles, que han sufrido hasta niveles límite la falta de alimentación y de asistencia médica. Asimismo, cuestionaron los “juicios ilegales” que llevan a cabo los tribunales instaurados por el Frente al Nusra, basados en una estricta visión de la ‘sharia’ o ley islámica y con potestad para dictar condenas a muerte tanto de soldados del régimen como de civiles.
La comisión pidió al Consejo de Seguridad de la ONU medidas y “sanciones” contra las autoridades responsables directas o cómplices de muertes y desapariciones. Habría, asimismo, “responsabilidades penales individuales” susceptibles de ser analizadas por el TPI.
