Un equipo de investigadores del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas advirtió ayer de que la política de asentamientos de Israel en los territorios palestinos viola la Cuarta Convención de Ginebra y constituye un crimen de guerra que entraría en la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional (TPI), por lo que reclamó su suspensión «sin condiciones» y la «retirada inmediata» de los actuales asentamientos judíos.
«Israel debe poner fin a toda su política de asentamientos sin condiciones», se lee en el informe del equipo, presidido por la juez francesa Christine Chanet. «Se debe iniciar inmediatamente un proceso de retirada de todos los asentamientos de los territorios palestinos ocupados», prosigue.
El equipo fue aprobado en marzo de 2012 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a fin de examinar la política de asentamientos de Israel en los territorios palestinos y en Jerusalén Este. El Gobierno hebreo se ha negado a colaborar con los expertos y se ha escudado en que el Consejo tiene un enfoque desequilibrado y en que su política de asentamientos en Cisjordania está justificada por la Biblia.
Las colonias, según los expertos, «están posibilitando una anexión progresiva que impiden el establecimiento de un Estado palestino intercomunicado y viable y socava el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación».
Unos 250 asentamientos judíos han sido establecidos en Cisjordania y Jerusalén Este desde su ocupación militar por parte de Israel en 1967, con una población estimada en ellos de 520.000 colonos.
Tras conocer el informe, el presidente palestino, Abu Mazen, celebró su contenido y afirmó que es equiparable a un «documento legal» que «acredita las violaciones de los derechos culturales, sociales, económicos, civiles y políticos del pueblo palestino como consecuencia de la política israelí de asentamientos».
Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí lo calificó de «unilateral y sesgado».
