Una nueva China parece vislumbrarse en el horizonte. Y es que el gigante asiático relajará su política de hijo único, abolirá los campos de trabajo y reducirá los delitos punibles con la pena capital. Así lo anunció ayer la cúpula de poder en el país en el Tercer Pleno del Comité Central del Partido Comunista, dando paso a un conjunto de reformas políticas, económicas y sociales que son históricas.
De esta forma, se acordó que a partir de ahora las parejas puedan tener dos descendientes si uno de los dos progenitores es hijo único, acabando así con la política impuesta hace décadas para limitar el crecimiento de la población.
Por otra parte, el Gobierno abolirá el sistema de «reeducación a través del trabajo» en el marco de los esfuerzos para mejorar las prácticas en materia de Derechos Humanos y judiciales en el país.
Los miembros del Comité Central, el máximo órgano del partido gobernante, también acordó en el tercer pleno de la XVIII Sesión que se reducirán el número de delitos que se castigan con la pena de muerte, eso sí «poco a poco».
Además, el Ejecutivo dará un paso más en la apertura de su sistema bancario, al permitir al capital privado cualificado establecer en el país entidades de pequeñas y medianas dimensiones.
A todo esto se suma, el planteamiento, entre otras medidas, de eliminar las restricciones de residencia en pequeñas ciudades, así como integrar los sistemas de seguridad social urbano y rural y aplicar un impuesto ambiental.
Los dirigentes chinos buscan, de esta forma, nuevas vías de crecimiento para el gigante asiático ante los síntomas de que la pujanza de su actual modelo puede tener los días contados, a pesar de que en el tercer trimestre del año el PIB del país creciera un 7,8 por ciento, tres décimas más que en el segundo trimestre.
Por otro lado, Pekín reforzará la aplicación de la ley en sectores que afectan a la vida cotidiana de sus ciudadanos, como el alimentario, el laboral o el medio ambiente.
Según informó la agencia estatal Xinhua, el máximo órgano del Ejecutivo «ha decidido que se reforzarán los poderes para hacer cumplir la ley en cuestiones como los productos manufacturados, los medicamentos, la seguridad laboral, la protección del medio ambiente, la seguridad social y el espacio marítimo y las islas».
Para ello, se profundizará la reforma del sistema de aplicación del derecho administrativo, lo que pasará por la reorganización de los cuerpos de seguridad que garantizan el cumplimiento de las normas, la centralización del poder de aplicación de la ley y la eliminación de duplicidades en las funciones de distintos órganos.
El Comité también se comprometió a modificar el sistema de gestión urbano y a una mejor supervisión de los órganos y cuerpos de seguridad, además de regular la discreccionalidad de los mismos y garantizar que la ley se hace cumplir de forma justa y civilizada.
Asimismo, se acordó que se llevará el cumplimiento de la Constitución «a un nuevo nivel» mediante una supervisión mejorada que garantice que todos los ciudadanos son tratados igual. Ninguna organización o individuo tiene el privilegio de estar por encima de la Carta Magna o cualquier otra norma y se deberá responder por las infracciones que se cometan, advirtieron las autoridades.
