Los quince, bajo la presidencia de la embajadora nigeriana, U. Joy Ogwu, aprobaron por unanimidad la resolución 2016, presentada por Francia, Reino Unido, EE.UU., Bosnia-Herzegovina, Portugal, o Nigeria, entre otros, y que da por finalizada una operación que comenzó hace siete meses con la finalidad de proteger a los civiles de los ataques del régimen dictatorial de Gadafi.
Tras la decisión unánime del Consejo de Seguridad de la ONU, la Alianza Atlántica tiene aún que reunirse mañana en Bruselas para declarar formalmente el fin de su operación aérea en Libia.
«La operación terminará a las 23:59, hora de Libia, del 31 de octubre», afirma el documento, que en ningún momento nombra directamente a la OTAN y que recibió la bienvenida de todos los miembros del Consejo.
El documento aprobado este jueves modifica también las disposiciones sobre el embargo de armas aprobadas en febrero y marzo pasados, con lo que permite al Consejo Nacional de Transición (CNT) la adquisición de armamento para su defensa.
Levanta también la congelación de activos con respecto a las compañías nacionales de petróleo del país norteafricano, Libya National Oil Corporation y Zueitina Oil Company.
Igualmente deja sin efecto la congelación de activos que afectaba al Banco Central de ese país y el Banco Exterior Árabe Libio, así como a la Dirección General de Inversiones y la Lybian Africa Investment Portfolio.
En Libia, el Consejo Nacional de Transición declaró el pasado domingo la liberación del país, tres días después de la muerte de Gadafi en su ciudad natal, Sirte. La nueva resolución subraya también que los quince «aguardan con interés» el rápido establecimiento de un gobierno de transición que sea inclusivo y representativo en ese país.
Subraya también que ese periodo de transición ha de ir acompañado de un «compromiso en pro de la democracia, la buena gobernanza, el estado de derecho, la reconciliación nacional y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales» de los libios.
El Consejo también pidió al CNT que «se abstenga» de tomar represalias, incluidas detenciones arbitrarias, al tiempo que lo exhortó a que adopte todas las medidas necesarias para evitarlas, al igual que los encarcelamientos ilícitos y las ejecuciones extrajudiciales.
En ese sentido, los quince subrayaron también que las nuevas autoridades de ese país mediterráneo tienen también una oportunidad «histórica» de crear un nuevo estado en el que los derechos y libertades fundamentales de sus ciudadanos estén protegidos.
La misión española. La ministra de Defensa, Carme Chacón, ya anució eñ martes que las tropas españolas en la misión de Libia regresarán antes del próximo 31 de octubre, pero permanecerán «alistadas las 24 horas del día» para actuar si la operación de la OTAN lo requiere.
Así lo puso de manifiesto la titular de Defensa tras reunirse con los responsables de su departamento y del Estado Mayor, encabezados por el jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), general José Julio Rodríguez, para hacer balance de la participación española en la misión de la OTAN en Libia y el planeamiento del repliegue.
Antes del próximo lunes regresarán a España los 60 militares desplazados en la base italiana de Decimonannu, donde aún permanecen dos aviones de reabastecimiento en vuelo y de vigilancia marítima, y los 235 militares embarcados en la fragata de combate «Álvaro de Bazán». Durante los siete meses que ha durado la misión, según la ministra, han participado unos 8.000 militares de los países aliados.
En cuanto al coste, Chacón ha afirmado que será inferior al techo fijado en el Parlamento, debido fundamentalmente a la austeridad aplicada y el repliegue anticipado de los F-18 el pasado 16 de octubre.
El Congreso avaló el pasado 20 de junio la prórroga de la participación española en la operación internacional en Libia con un coste mensual de 14,4 millones de euros.
