La mayoría de los antiguos consejeros de Caja Segovia desconocían la existencia de informes contrarios a suscribir la hipoteca sobre el Torreón de Lozoya, según han puesto en manifiesto en las declaraciones judiciales de la semana pasada. Casi todos los imputados ya se han sometido a las preguntas del juez Jesús Marina Reig, que instruye el caso de la hipoteca del Torreón de Lozoya.
De los 14 que acudieron los días 5 y 6 de febrero al Juzgado, una decena aseguraron desconocer que había informes técnicos que defendían que Caja Segovia no debía asumir la deuda tributaria que le había traspasado de forma subsidiaria la empresa Navicoas Asturias —donde Caja Segovia tenía el 50 por ciento del accionariado—.
El préstamo, sucrito con Bankia,asciende a 6,8 millones de euros. Para afrontar esa deuda se puso al Torreón de Lozoya y otros inmuebles como garantía hipotecaria. Los actuales recursos hace prácticamente imposible afrontar esa cantidad.
Versiones
El juez ha escuchado los testimonios de quienes integraban el Consejo de Administración del 17 de julio de 2012, el último de Caja Segovia antes de convertirse en Fundación, más a su director general. Uno de los testimonios más claros fue el de Jesús Rodríguez Belloso, quien llegó a decir que en el Consejo de Administración de julio de 2012, donde supuestamente se decidió el préstamo, no se adoptó ningún acuerdo al respecto. “Fue la primera vez que oí la palabra Torreón”, señala. Y matiza que el presidente del Consejo y el secretario les informaron de que la decisión tenía carácter eventual y que luego se eliminaría, pero sin votarse nada.
Rodríguez Belloso también indicó a preguntas del juez que desconocía que existieran informes contrarios a suscribir la hipoteca. En concreto existe uno del bufete segoviano Emilio Fuentetaja, firmado en marzo de ese año, que concluye que La Caja no debe aceptar la deuda que Navicoas tenía con la Agencia Tributaria. Pero Belloso es claro: “Del informe de Fuentetaja no se nos informó”.
También fue preguntada por este informe la entonces vicepresidenta de Caja Segovia, Elena García Gil. Ella revela que el presidente Atilano Soto le había indicado que existía otro informe contrario a suscribir la hipoteca.
En un primer momento García Gil dice que conocía el informe de Fuentetaja, pero que era imposible que prosperara la intención de que Bankia se hiciera cargo de la deuda de Navicoas. “Y firmamos esa acta de conformidad”, que suponía pagar 6,8 millones de euros como mal menor frente a los más de 60 que la Agencia Tributaria reclamaba en principio.
Sin embargo, a preguntas del abogado César Fraile, Elena García Gil reconoce que el informe de Fuenteja que desaconsejaba asumir la deuda lo manejó “meses después”, y en la Comisión gestora, un órgano donde sólo participa una pequeña parte del Consejo de Administración.
Elena García Gil y Rodríguez Belloso tampoco coinciden en su apreciación sobre si lo debatido en el Consejo de julio de 2012 se corresponde con lo redactado en el acta. Mientras ella sostiene que básicamente sí, Rodríguez Belloso es más contundente y niega que se acordara hipotecar el Torreón ni otros inmuebles. “Allí no hubo ningún acuerdo. Hubo solo información de gestiones”.
El acta en cuestión, que ha llevado además a la imputación de todo el Consejo de Administración de Caja Segovia, nunca ha sido aprobada de forma definitiva. Aquel Consejo quedó disuelto al convertirse la entidad en una Fundación y no volvió a reunirse para aprobar el acta de la sesión anterior. Y fue esta acta la que llevó a algunos consejeros a denunciar en el Juzgado su desacuerdo con su contenido por no reflejar lo tratado en el encuentro.
A su vez, la denuncia fue motivo de queja de García Gil ante el juez a quien explicó que no fue de su agrado que sus compañeros llevaran al Juzgado las actas y grabaciones sin su consentimiento.
