Quizá para recordar a los abertzales que cualquier colaboración con los asesinos equivale jurídicamente a apretar el gatillo, la Audiencia Nacional resolvió ayer mantener en prisión al ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi, que reclamaba su puesta en libertad alegando el precario estado de salud de algunos miembros de su familia, entre ellos su padre y su hermano.
El auto destaca que la prisión provisional «conlleva una serie de inconvenientes personales y familiares que son inherentes a tal situación», y necesariamente provoca «una aflicción» que «afecta a la familia del preso».
«Es un contrasentido alegar una consecuencia inherente a tal situación como una razón para evitarla», señala la resolución antes de añadir que las «situaciones personales» alegadas por el terrorista «no pueden alterar el régimen de prisión provisional».
Los magistrados, que adoptan esta decisión a instancias de la Fiscalía y de la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), explicaron que la prisión es una medida «perfectamente adecuada y proporcionada» a tenor del «riesgo de reiteración delictiva» en que podría incurrir el ex portavoz de Batasuna.
Al respecto, recuerdan que Otegi «no se ha aquietado a las medidas cautelares» que le impuso la Sala para asegurar su presencia en el juicio, ya que, «muy al contrario, las ha contravenido con fines que han dado lugar a la incoación de un nuevo procedimiento penal», en referencia a la causa que instruye el juez Garzón por la constitución de Bateragune, el proyecto con el que el brazo político de los terroristas pretendía estar presente en las próximas elecciones municipales y forales de 2011. «El mantenimiento en prisión del procesado no supone trato discriminatorio alguno respecto de los procesados puestos en libertad provisional», concluye el auto, antes de poner de manifiesto que el ex portavoz de la ilegalizada Batasuna quebrantó la prohibición de salir de España que se le había impuesto al cruzar la frontera en dos ocasiones en abril y julio de 2009 para reunirse en Francia con dirigentes de ETA.
La resolución también constata el riesgo de que Otegi pudiera fugarse por «la evidente presión que significa la amenaza de la pena a la que se enfrenta», que debe «ser contrarrestada por el contrapeso que significa la ruptura de vínculos sociales, familiares y económicos».
El proetarra, que está pendiente de ser juzgado por participar el 14 de noviembre de 2004 en un mitin en San Sebastián en el que se dio a conocer el programa político de la banda, ya fue condenado el pasado dos de marzo a dos años de cárcel y 16 de inhabilitación por «ensalzar en grado sumo» a los «presos políticos vascos».
