Los costes de la energía eléctrica constituyen un elemento fundamental en el desarrollo del conjunto de las tareas agrícolas y muy especialmente en las instalaciones de riego. Ese precio elevado que han tenido que pagar los agricultores cuando se eliminaron en 2008 las tarifas especiales de riego, en la actualidad se ha convertido en una carga insostenible que amenaza su viabilidad. Desde esa fecha, lejos de articularse otros mecanismos para que la energía eléctrica tuviera un coste más ajustado a las necesidades específicas de los regantes, las diferentes Administraciones no han dado ningún paso para abordar un problema que se ha agravado año tras año ante la imparable subida de las tarifas en el término de la potencia contratada sin ninguna consideración sobre las condiciones especiales de los riegos y así hasta la aprobada hace unas fechas.
La administración socialista, en tiempos de Elena Espinosa como ministra, intentó buscar una salida a la eliminación de las tarifas especiales de riego tras un compromiso asumido por el presidente Rodríguez Zapatero. Sin embargo, los intentos no dieron lugar a ningún acuerdo frente a los planteamientos defendidos desde Industria y muy especialmente por el posicionamiento de las empresas eléctricas. Los populares en la oposición acusaron a los socialistas de no hacer nada para buscar un nuevo sistema que compensara la eliminación de las tarifas especiales. Pero, con la llegada de Mariano Rajoy al poder, la realidad es que tampoco se ha dado una salida al problema a y se puede suponer que los intentos siguen chocando con las mismas piedras. Ahora son los socialistas quienes han presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para buscar una solución al problema.
El sector se pregunta y se responde: ¿Quién tiene tanto peso como para no dar luz verde a las demandas de los regantes? Las compañías eléctricas.
Hasta 2008, los riesgos dispusieron de un sistema de tarifas especiales para la energía eléctrica. A partir de esa fecha, esas precios, según los datos manejados por el sector, se han incrementado en una media superior al 80%, mientras los costes fijos regulados lo han hecho en un 1000%. Todo ello se ha traducido en que la luz ya representa el 40% de los costes totales que supone el agua de riego para una explotación, lo cual supone un riegos para el funcionamiento de este tipo de actividad que afecta a 3,4 millones de hectáreas, solamente el 15% de las tierras de cultivo, pero que supone unas producciones que significan más del 50% de la Producción Final Agraria. Siguiendo con los números, en 2008, la factura pagada por los regantes a favor de la energía eléctrica suponía unos 390 millones de euros.
En la actualidad, ese coste supera ya los 700, una cifrar similar a lo que se gastan anualmente los agricultores en abonos o semillas. Solamente la subida registrada el pasado mes de agosto supuso un incremento en la factura de 100 millones de euros. Frente a esta situación, las demandas de los regantes son las mismas que las planteadas hace unos años a la Administración anterior.
En primer lugar, el sector reclama un reconocimiento de las condiciones especiales de los regadíos a efectos del uso de la energía eléctrica. La puesta en marcha de motores muy potentes para obtener el agua, especialmente cuando se trata de pozos a gran profundidad, hace que sea necesario contratar una elevada potencia por la que las eléctricas cobran un precio elevado y suponen el grueso del total de los gastos por el uso de energía.
Sin embargo, parece totalmente ilógico que el regante deba pagar todo el año ese precio elevado por el término de potencia cuando la misma solamente la utiliza unos pocos meses al año, aquellos cuando es necesario regar. La demanda es muy simple: pagar solo el término potencia en los meses cuando realmente se usas y no todo el año.
Como una salida a la situación actual, reclaman la posibilidad de suscribir contratos de temporada solamente para los periodos de riegos o firmar varios contratos al año en función de esas necesidades que no tiene que ser igual cada año en función de los períodos de lluvias, o la no penalización de las tarifas de temporada.
Los regantes no entienden cómo tiene que pagar un IVA del 21% para un medio de producción como éste, mientras en otros países el mismo les del 7% y reclaman que se rebaje el 10%. El IVA tiene historia porque en 2010 hubo un mandato del Congreso al Gobierno para rebajar el mismo al que Economía hizo oídos sordos.
Desde el sector se reclama finalmente la necesidad de que el gobierno impulse medidas para facilitar la autoproducción de energía en el medio rural en base a las posibilidades que existen en el medio, aire, sol o residuos agrícolas y ganaderos.
Mientras tanto, las comunidades de regantes han puesto en marcha una central de compras de energía que puede permitir un ahorro en la factura de entre un 10% y un 14 %.
