In extremis intentó la alcaldesa convencer a los grupos de la oposición de que el sistema de libre designación mediante convocatoria pública es el más adecuado para suplir la plaza del interventor municipal, que se jubilará tras sus vacaciones. Con reunión privada de portavoces y todo. Pero no le funcionó.
El punto siete del orden del día del pleno ordinario de junio comenzó con la intervención de Marisa Delgado, concejala de Personal, quien defendió este sistema frente al concurso-oposición, al que se obliga a presentarse a gente “que no tiene interés en venir a Segovia” por estar ocupando plazas provisionales, dijo. Apuntó también que para convocar una oposición hay que esperar a que el actual interventor se jubile, puesto que no se puede sacar a concurso una plaza que aún está cubierta. Y, por supuesto, argumentó que la libre designación ha sido aprobada por el Ministerio de Hacienda, porque es un método usual para la provisión de este tipo de cargos, que son habilitados nacionales.
Pero ninguna de estas razones fue suficiente para el resto de los grupos. Uno por uno, todos los partidos mostraron su rechazo a cubrir la plaza de interventor mediante el sistema de libre designación mediante convocatoria pública. Ángel Galindo, portavoz de Izquierda Unida, apuntó al respecto que, “desde que comenzó el mandato, sabíamos que el interventor se iba a jubilar y ha habido tiempo de abrir el proceso”, por lo que no entiende que se argumente la excepcionalidad.
Esther Bermejo, concejala de UPyD – Centrados en Segovia, por su parte, añadió que “la libre designación hace que nos estemos cuestionando siempre la labor del interventor, que su trabajo provoque dudas”. Y para Ciudadanos, elegir al interventor por este proceso implica la dependencia del equipo de Gobierno, mientras que un Ayuntamiento necesita “un interventor estable” y que no cambie cada vez que haya elecciones, dijo su portavoz, María José García Orejana, a la vez que puso en duda también la transparencia de un profesional designado por el sistema que proponen los socialistas.
Y Raquel Fernández, portavoz del Grupo Municipal Popular, última en intervenir, ratificó todo lo dicho, reiterando que “el interventor debe estar al servicio de la corporación y, al ser nombrado por el equipo de Gobierno, se pone en duda esa imparcialidad”.
En el segundo turno de palabra, más de lo mismo. Así que al saber la alcaldesa, Clara Luquero, que el equipo de Gobierno perdería la votación, planteó un receso en el pleno y convocó a todos los portavoces y a la concejala de Personal a un encuentro privado en la Sala de la Chimenea. Cerca de un cuarto de hora estuvieron debatiendo a puerta cerrada, pero nadie cambió su voto.
Así pues, al reanudarse la sesión, Luquero anunció que el punto relativo a la propuesta de modificación del sistema de provisión del puesto de interventor municipal era retirado del orden del día.
El equipo de Gobierno tiene ahora un mes para convencer al resto de los grupos de que el sistema de libre designación mediante convocatoria pública es el adecuado y que su propuesta sea aprobada en el próximo pleno, aunque tendrá que aportar buenos argumentos y justificar de manera clara la excepcionalidad, muy rebatida por el resto.
