Dos años de polémica han acompañado la tramitación de la Ley Sinde, que ayer vio como el reglamento que la desarrolla se quedaba sobre la mesa en la penúltima reunión del Gobierno socialista, decisión que llenó de desánimo a los creadores y de alegría a los internautas.
Horas después de que el ministro en funciones de la Presidencia, Ramón Jáuregui, asegurara que el reglamento iba a ser aprobado por el Consejo de Ministros, el portavoz del Gobierno, José Blanco, anunció que, tras deliberar sobre la norma, ésta había quedado «encima de la mesa».
Aunque los periodistas insistieron en preguntar al socialista sobre las razones de esta decisión, el portavoz reiteró que no podía informar sobre las deliberaciones del Consejo de Ministros porque son «reservadas y secretas». Tampoco quiso desvelar si el reglamento irá a la próxima y última reunión del Gobierno en funciones y se limitó a asegurar que desconocía el orden del día del 16 de diciembre.
Asimismo, el ministro de Fomento en funciones, negó que hayan estado pendientes durante sus deliberaciones del debate que la posible aprobación de la norma ha suscitado en las redes sociales.
En cuanto a la postura del PP sobre este reglamento, Jáuregui, aseveró antes del Consejo de Ministros, que el PP estaba de acuerdo «absolutamente» con el documento que desarrollaba la Ley Sinde, que suponía un «sistema cargado de garantías de intervención judicial para perseguir el comercio fraudulento».
Mientras tanto, la representante popular en la Comisión para el traspaso de poderes, Soraya Sáenz de Santamaría, consideraba que esas pautas «tendrían que haber sido más completo».
Tras conocerse la decisión del Gobierno en funciones, los conservadores se remitieron a las declaraciones de la dirigente vallisoletana, que insistió en que su formación estaba de acuerdo con la pretensión de llevar al Consejo de Ministros la creación de la Comisión de Propiedad Intelectual, lo que no significa que comparta el resto de la normativa.
Por su parte, el director de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, José Manuel Tourné, expresó su temor a que no haya «más intentos» por sacar adelante la Ley Sinde, que considera acabada tras la decisión de ayer.
Y es que creadores por una parte e internautas por otra han defendido vehementemente durante dos años sus posturas a favor y en contra de esta norma, que permitirá el cierre de páginas web de descargas de contenidos ilegales por orden judicial.
Mientras los creadores advierten del alarmante crecimiento de la piratería -solo dos de cada 100 canciones se obtienen de forma legal en Internet- , los internautas alertan sobre la injerencia de esta ley en el libre ejercicio del derecho de acceso a la cultura a través de la red.
La Ley Sinde comenzó su andadura en noviembre de 2009, cuando el Gobierno presentó el anteproyecto, momento mismo en el que surgieron las movilizaciones en contra de la norma.
Fue el 15 de febrero cuando el Pleno del Congreso aprobó esa disposición final con los votos a favor de PSOE, PP y CIU, en contra de PNV, ERC, BNG, ICV, UPyD y CC, y una abstención, después de haberla rechazado dos meses antes y rescatarla en el trámite del Senado gracias a una enmienda pactada entre el Ejecutivo, los populares y CiU
Pero para su puesta en funcionamiento es necesario un reglamento que la desarrolle y que el Ministerio de Cultura remitió a los organismos consultivos que realizaron varias precisiones, incluidas el texto final que no se aprobó ayer.
